Inicio esta columna comentado a usted: “El pueblo de México actualmente demanda vivir bajo el imperio de la ley”. Las mexicanas y los mexicanos anhelan sentirse seguros no solo en sus familias y patrimonio, sino en su relación con los demás y con las autoridades. Reconocen que México requiere una nueva cultura cívica de respeto a la ley, de certidumbre, reconciliación y confianza en la comunidad en que vive. La sociedad mexicana observa que es urgente transformar una verdadera reforma en el ámbito de la justicia y la seguridad, que deberá partir de una voluntad política que asegure la autonomía de la procuración de justicia frente al poder ejecutivo y que acelere la modernización del poder judicial a todos los niveles.

Bajo este contexto: Hoy se tienen que garantizar nuevos enfoques y métodos para combatir la corrupción en todas sus vertientes, y elevar los niveles de transparencia en todos los estados de la república mexicana. En la medida en que los gobiernos federales, estatales y municipales garanticen mayores mecanismos de competencia, rendición de cuentas y escrutinio público, podrán evitarse la corrupción, la apropiación privada de bienes públicos y la impunidad que tanto daño ocasiona al pueblo de México.

En este sentido: es urgente arraigar la idea y la práctica, en la cultura ciudadana y en las instituciones públicas, de que el único referente estable en una democracia es la igualdad de derechos y obligaciones ante la ley. Se trata, en suma, de hacer realidad la vieja aspiración del liberalismo mexicano: “crear un país de leyes”.

Señoras funcionarias y señores funcionarios administradores del sistema de seguridad y justicia: Nuestros hermanos mexicanos comprenden y entienden que si hay algo fundamental para el desarrollo de la vida comunitaria es la ley. Solo a partir de su plena vigencia, como expresión y salvaguarda de los intereses generales, es factible la existencia de la libertad y la justicia. Es imprescindible y el momento de organizar trabajando en los ámbitos nacionales, regional y local, a favor de un orden judicial imparcial y justo que permita a todas y todos tipos de personas acceso a los órganos de justicia en condiciones mínimas de igualdad, y contribuya a la formación de una cultura de legalidad y a la consolidación de un estado de democrático de derecho. Porque parte esencial de una adecuada calidad de vida en la que nuestras familias crezcan y se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, “la constituye la seguridad pública.”

Ahora bien: las voces del pueblo mexicano, aclaman y reclaman que nuestros sistemas de gobierno deben de actuar de forma más rápida para garantizar a nuestros ciudadanos que somos una sociedad de leyes con procesos legales y administrativos transparentes, y en la cual, todos los ciudadanos se encuentren protegidos con instituciones modernas que den cabal respuesta a sus derechos fundamentales. Hoy se necesita atacar más agresiva la corrupción, así como la aplicación anómala de las leyes. Se requiere un servicio civil que rehace el favoritismo en todos los ámbitos, así como un aparato judicial menos complejo, más accesible a los ciudadanos y sobre todo “más eficiente y transparente.”

Concluyo: cada acto del ejercicio el poder debe ser realizada dentro del estado de derecho, que se finca en el reconocimiento de respeto de un orden jurídico que es producto de la voluntad general, y sustento de la legitimidad del propio poder público. Garantizar a todos seguridad y certeza legal, aplicación expedita de la ley, el funcionamiento de un poder judicial autónomo, imparcial, honesto y eficiente, deben ser pilares de estado de derecho que el pueblo mexicano defiende.

Por ello; “La justicia debe ser constante y ´perpetua voluntad de dar a cada uno lo que legítimamente le corresponde, y su valor similar al de la libertad y la igualdad. Sin libertad, la justicia es incompleta; sin justicia la libertad es débil; sin igualdad, la justicia es incompleta; sin justicia la igualdad es utopía.