Estado de México. - La corrupción en México alcanzó en 2025 su mayor costo promedio por ciudadano de los últimos 10 años, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El costo promedio anual de corrupción por persona fue de 5,432, un incremento de 15% respecto a la medición de 2023, cuando se ubicó en 4,723 pesos. La cifra supera todos los registros observados desde 2015, según el reporte basado en datos del Inegi.

El IMCO señala que 16% de la población mayor de 18 años que interactuó con el sector público equivalente a 6.9 millones de personas experimentó algún acto de corrupción, como sobornos o solicitudes de “mordida” para agilizar trámites o servicios.

De ese universo, 66% tuvo una afectación económica. De acuerdo con el cálculo del Inegi citado en el reporte, el costo económico asociado a estos actos alcanzó 24 mil 886 millones de pesos.

Para el IMCO, estos costos están relacionados con la falta de eficiencia de las instituciones estatales y representan un problema que va más allá de las pérdidas económicas. El documento advierte que la corrupción también afecta la confianza ciudadana, el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho.

El deterioro también se observa en otros indicadores. En 2025 se registró una tasa de prevalencia de corrupción de 15,642 personas por cada 100 mil habitantes, lo que significa que 16% de quienes realizaron pagos, trámites o solicitaron servicios públicos fueron víctimas de algún acto de corrupción.

La cifra representa un aumento respecto a 2023, cuando la tasa fue de 13,966 por cada 100 mil habitantes.

Además, la percepción ciudadana mostró un repunte. Durante el año pasado 84% de los mexicanos consideró que la corrupción es frecuente o muy frecuente en su entidad federativa. Aunque el porcentaje se mantuvo por debajo del máximo histórico de 91% registrado en 2017, el estudio destacó que se trata de una reversión de la tendencia a la baja observada en años recientes.

El reporte también identificó una correlación negativa entre la confianza en los gobiernos estatales y la percepción de corrupción. Es decir, a medida que aumenta la percepción de corrupción, disminuye la confianza ciudadana en las autoridades.

A nivel estatal, Michoacán, Baja California y Ciudad de México registraron los mayores niveles de percepción de corrupción, con 89% de la población considerando que este fenómeno es frecuente o muy frecuente. En contraste, Querétaro presentó la cifra más baja, con 67%.

Respecto a las instituciones, la policía fue identificada como la instancia con mayor percepción de corrupción en 28 de las 32 entidades federativas. En las cuatro restantes, los partidos políticos ocuparon el primer lugar.

El IMCO propuso estrategias regulatorias vinculadas a los Polos de Desarrollo Económico, con el objetivo de diseñar e implementar esquemas diferenciados que simplifiquen y agilicen los trámites para la apertura y operación de empresas.

También recomendó impulsar capacidades digitales en los gobiernos estatales y municipales, con el fin de fomentar que la ciudadanía realice trámites, pagos, solicitud de servicios y resuelva dudas a través de aplicaciones y plataformas digitales que disminuyan el tiempo, las cargas administrativas y el riesgo de corrupción.