•De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2025, cuando presuntamente, mediante una videollamada realizada a través de una aplicación de mensajería, el imputado indujo al menor a participar en conductas inapropiadas para su edad.
La Paz, Baja California Sur.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur (BCS), a través de la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, obtuvo la vinculación a proceso de Luis Ángel “N”, imputado por el delito de corrupción de personas menores de edad, en agravio de un adolescente en la ciudad de La Paz.
Durante la continuación de audiencia inicial por ejecución de orden de aprehensión, celebrada el 26 de mayo del año en curso, la Agente del Ministerio Público expuso ante el Juez de Control los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, logrando que la autoridad judicial resolviera vincular a proceso al imputado.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2025, cuando presuntamente, mediante una videollamada realizada a través de una aplicación de mensajería, el imputado indujo al menor a participar en conductas inapropiadas para su edad.
Posteriormente, el imputado viajó de la Ciudad de México a la ciudad de La Paz el pasado 23 de mayo, con la intención de encontrarse con la víctima; sin embargo, no logró su cometido, ya que fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
Como parte de las diligencias ministeriales y derivado de los elementos de prueba recabados, el pasado 23 de mayo la representante social solicitó al Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida y posteriormente cumplimentada por agentes de investigación de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).
En la audiencia de referencia, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Luis Ángel “N” y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones complementarias del caso.
La PGJE refrenda su compromiso de investigar con perspectiva de protección integral los delitos que atenten contra niñas, niños y adolescentes, garantizando el acceso a la justicia y el seguimiento puntual a las denuncias presentadas por la ciudadanía.