San José del Cabo, Baja California Sur.- En medio del crecimiento acelerado de Baja California Sur (BCS), particularmente en Los Cabos, el debate sobre el modelo de desarrollo vuelve a tomar fuerza, por la forma en que se está resolviendo —o no— la demanda de servicios básicos como la vivienda, el agua y, sobre todo, la energía.

Actualmente, el municipio se perfila como el epicentro de una transformación energética con al menos cuatro proyectos en puerta: una Central de Combustión Interna (CCI) en la zona de La Candelaria, una planta de regasificación, un gasoducto que atravesaría desde Cabo San Lucas hasta el Estero Josefino, y la ampliación de infraestructura existente. 

Aunque el argumento oficial apunta a la necesidad de garantizar el suministro ante el crecimiento poblacional —incluido el impulso de un programa nacional de vivienda que contempla alrededor de 37 mil nuevas casas—, organizaciones y especialistas advierten que el problema de fondo no es solo cuánta energía se necesita, sino cómo se va a generar.

Desde la sociedad civil, se ha cuestionado que estos proyectos prioricen combustibles fósiles, pese a que la entidad cuenta con condiciones privilegiadas para el desarrollo de energías renovables.

 “Esta central sigue siendo una planta de combustible fósil; nos han dicho que funciona con gas natural, pero forma parte de la misma lógica que el petróleo o el combustóleo”, señaló Alejandro Águila integrante de Conexiones Climáticas, al advertir que este tipo de infraestructura podría contradecir compromisos internacionales en materia ambiental.

La reciente apertura del proceso de consulta pública para la CCI, luego de más de un año de incertidumbre, representa un punto clave. Organizaciones como CERCA han insistido en la importancia de la participación ciudadana, no solo por los impactos inmediatos, sino por las implicaciones a largo plazo. Según han expuesto, se trata de proyectos que modificarían la configuración ambiental de la región, incluyendo su cuenca atmosférica.

“Es momento de que la población exprese sus dudas y opine sobre lo que este proyecto puede implicar”, advirtió Jaquelin Valenzuela, directora de CERCA, tras señalar que lograr esta etapa requirió más de un año de gestiones.

Coinciden ambos especialistas en que la expansión de asentamientos en zonas vulnerables, como arroyos, y la falta de infraestructura básica reflejan un desarrollo que ha ido más rápido que la capacidad de organización territorial.

Águila advirtió que el impulso a esta infraestructura energética podría estar vinculado a procesos de “extractivismo inmobiliario”, particularmente en zonas como Cabo del Este, donde la disponibilidad de agua y energía ha sido un factor limitante para nuevos desarrollos turísticos y residenciales.

Incluso se ha señalado que la capacidad proyectada de algunas obras podría superar la demanda real actual de Los Cabos, lo que abre cuestionamientos sobre si estas inversiones responden únicamente a las necesidades de la población o a una estrategia más amplia de expansión territorial.

Comentó que el crecimiento basado en proyectos de alto impacto ambiental y orientado al lujo no necesariamente se traduce en bienestar social. Por el contrario, advierten que puede profundizar desigualdades y acelerar la pérdida de formas de vida tradicionales, especialmente en comunidades rurales.

Mientras tanto, la población enfrenta una realidad inmediata: la posibilidad de veranos con cortes en el suministro eléctrico en los próximos años, en lo que se concreta la nueva infraestructura o mientras se plantean alternativas para la generación de energía sustentable. 

Frente a ello, el llamado de las organizaciones es claro: informarse, participar en los procesos de consulta y exigir transparencia en decisiones que marcarán el futuro del estado, vía redes sociales CERCA, Conexiones Climáticas y BCSicletos estarán convocando para informar a la ciudadanía y reunir firmas para enviarlas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.