Estado de México. - El sector inmobiliario extendió la mano al Gobierno para acelerar la construcción de vivienda asequible, al considerar que el rezago habitacional no se resolverá sin más certidumbre jurídica, permisos más rápidos, suelo apto y una oferta mayor cerca de los centros de trabajo. 

El presidente de Canadevi Valle de México, Jorge Gordon, afirmó que las iniciativas oficiales son “muy bien recibidas” tras años de rezago, pero resumió el problema en que “hay discurso, pero no hay materia”, pues sostuvo que en ciudades consolidadas todavía faltan instrumentos reales para traducir la prioridad política en vivienda ejecutable. 

Desde la iniciativa privada, el director ejecutivo de Global Businesses Inc de México, Federico Cerdas Ortiz, planteó que la vivienda asequible es un asunto de “justicia social” y dijo que el déficit nacional ronda entre 9 y 10 millones de viviendas.

A su juicio, el sector no puede limitarse a construir por construir, sino generar producto digno, con espacio suficiente, transporte, servicios y cercanía a las fuentes de empleo.

En Ciudad de México, Carlos Mackinlay, de Servicios Metropólitanos (Servimet), aseguró que la Norma 26 está de vuelta y puede convertirse en una de las principales políticas para contener desplazamientos y gentrificación al permitir vivienda asequible en alcaldías centrales. 

Explicó que el esquema hoy tiene un tope de 2,031,000 pesos (unos 112,833 dólares) por unidad, aunque con nuevos candados para evitar abusos vistos en el pasado. 

Los entrevistados coincidieron en que el principal cuello de botella no está solo en el costo del financiamiento, sino también en la regulación. 

Oferta de vivienda no crece a velocidad de la demanda

Gordon señaló que un proyecto pequeño puede tardar entre uno y un año y medio en permisos y uno mayor hasta dos años o más, mientras Mackinlay recordó que los trámites de la Norma 26 llegaron a demorar entre 18 y 22 meses en administraciones anteriores, aunque ahora buscan reducirlos a tres meses con acuerdos de facilidades administrativas. 

Cerdas añadió que el suelo pesa entre 20 y 30% del valor de la vivienda, los materiales y la mano de obra entre 50 y 60%, y los trámites alrededor de 5%, por lo que pidió dos medidas centrales: menos carga administrativa y acceso a tierra a buen precio o aportada por el Gobierno. 

Ese diagnóstico coincide con el informe de situación inmobiliaria de BBVA México, de acuerdo con el cual la oferta de vivienda no está creciendo a la velocidad de la demanda, lo que dificulta el acceso de los jóvenes y encarece los precios. 

El banco consideró que la solución pasa por fomentar la construcción cerca de los centros de trabajo, flexibilizar permisos en zonas urbanas y aumentar la oferta para que los precios se ajusten. 

También advirtió la necesidad de regularizar viviendas y permitir un crecimiento más vertical en áreas metropolitanas. 

En ese contexto, Gordon planteó incluso esquemas de cooperación en los que el Gobierno aporte tierra y los privados desarrollen, mientras Cerdas sostuvo que ni el sector privado ni la autoridad podrán resolver solos el rezago.