Estado de México. - El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), según consta en el Localizador de Detenidos de la dependencia estadounidense.

De acuerdo con el portal de ICE, Zaga Tawil se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida, mismo en el que recientemente murió un joven mexicano de 19 años.

En el pasado, los abogados de Rafael Zaga lograron invalidar o anular varios intentos de la FGR por imputarle los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que fuentes cercanas al caso descartaron que exista una orden de extradición en su contra.

El empresario es investigado en México por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la empresa Telra Realty, caso que se remonta hasta el año 2014.

En aquel entonces, ambas entidades suscribieron un convenio de colaboración destinado a la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas para su posterior comercialización entre los derechohabientes. Según el acuerdo inicial, el Infonavit aportaría los inmuebles, mientras que Telra se encargaría de la inversión para su reconstrucción y de la gestión de programas de movilidad hipotecaria.

La relación contractual se expandió en 2015 con la firma de contratos de licencias de marcas y la implementación del Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH). El 5 de noviembre de ese año, se formalizó que el desarrollo de la plataforma tecnológica no generaría costos para el Infonavit, ya que Telra asumiría la inversión a cambio de una exclusividad de cinco años para operar el programa. Sin embargo, tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual con la empresa de manera anticipada.

Telra calificó la decisión como arbitraria e injustificada y las partes iniciaron un proceso de mediación. El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos.

No obstante, el 26 de enero de 2018 representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de uso ilícito de atribuciones contra quienes resultaran responsables de la firma de los contratos originales. Aunque en septiembre de 2018 el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones.

La FGR sostiene que el pago de la indemnización podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente.

El 10 de febrero de 2020, en la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó un cheque por 2,000 millones de pesos, supuestamente recuperados del “Asunto Infonavit”.

Esta entrega derivó de un criterio de oportunidad solicitado por los empresarios Max y André El-Mann, quienes transfirieron los recursos tras el bloqueo de sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera, según reportes de medios de comunicación.

Por su parte, Rafael Zaga Tawil, directivo de Telra, rechazó el procedimiento y denunció presiones externas y persecución de la FGR.

La Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El 30 de abril de 2021, Teófilo Zaga Tawil, hermano de Rafael, fue detenido e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Teófilo Zaga estuvo preso casi dos años, pero el 15 de noviembre de 2023 recuperó su libertad tras obtener un cambio de medida cautelar.

En tanto, su hermano Rafael Zaga Tawil y el hijo de este, Elías Zaga Hanono, ganaron en definitiva un juicio de amparo para que se cancelarán las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, bajo el argumento de que las imputaciones de la FGR eran inconstitucionales.

Sin embargo, en 2024, la propia FGR reactivó dichas órdenes de captura.

Este caso fue uno de los documentados en la serie de reportajes Televisa Leaks, como parte de las campañas pagadas por páginas de Metrics to Index y utilizadas por la televisora en campañas negras.