• La Contraloría General informó que la mayoría de los casos corresponde a la actual administración estatal, y cerca de 200 expedientes corresponden al gobierno anterior.
La Paz, Baja California Sur.-
En poco más de cuatro años de la actual administración estatal, la Contraloría
General del Gobierno de Baja California Sur (BCS) ha iniciado un total de 1,507
procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 1,342 ya han
sido resueltos, informó su titular, Rosa Cristina Buendía Soto.
Durante este periodo, detalló,
se ha sancionado a 341 servidores públicos por faltas administrativas no
graves, mientras que los casos considerados como faltas graves han sido
turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de su resolución.
En este último rubro, precisó
que hasta el momento se han resuelto tres casos por faltas graves, en los que
se han impuesto sanciones que incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años para
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como
diversas sanciones económicas.
La funcionaria señaló que
dentro de los expedientes revisados se encuentran cerca de 200 casos
correspondientes a la administración anterior, mientras que el resto pertenece
al actual gobierno estatal.
“En este tema hemos actuado
con firmeza. Aquí no cabe la impunidad, no venimos a simular, venimos a
resolver y a sancionar donde haya elementos. Ninguna denuncia se va a quedar
sin respuesta”, subrayó.
Además del ámbito
administrativo, la Contraloría ha presentado 35 denuncias ante la Fiscalía
Anticorrupción por presuntos delitos como peculado, abuso de autoridad,
ejercicio indebido de funciones y operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
De estas denuncias, se han
obtenido 13 vinculaciones a proceso; tres de ellas ya se encuentran
judicializadas y con fecha para audiencia inicial en los próximos días o meses,
mientras que el resto continúa en etapa de investigación por parte de la autoridad
correspondiente.
La titular de la Contraloría
reiteró que el seguimiento a estas denuncias forma parte de una política de
combate a la corrupción que busca garantizar la rendición de cuentas en el
servicio público estatal.