Estado de México. - El Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que establece un límite a las jubilaciones y pensiones de altos funcionarios públicos -conocidas como “pensiones doradas”-, tras ser avalada por al menos 20 congresos estatales. El proceso inició en la Cámara de Diputados, pasó al Senado y fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación.

La reforma al artículo 127 constitucional fue aprobada por las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

La modificación constitucional establece que las pensiones y jubilaciones de personal de confianza en organismos públicos, empresas del Estado, fideicomisos y entidades paraestatales -tanto federales como locales- no podrán superar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, por lo que ningún instrumento jurídico podrá establecer condiciones que rebasen ese límite.

Se incluyen excepciones, como las Fuerzas Armadas, pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales y la pensión no contributiva prevista en la Constitución.

En los artículos transitorios se establece que las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo tope, incluso si se encuentran vigentes, salvo en los casos exceptuados. Asimismo, los entes públicos deberán revisar y adecuar sus contratos y disposiciones laborales en un plazo máximo de 90 días. El decreto precisa que no habrá ampliaciones presupuestales para su implementación.

Durante la sesión en el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, señaló que el tema implica revisar el uso de los recursos públicos: “La declaratoria que hoy se realiza toca fibras profundas del constitucionalismo mexicano, pero también del sentido común republicano”.

Explicó que la reforma busca eliminar pensiones elevadas de exfuncionarios de alto nivel en entidades como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nafinsa, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro. “Una reforma constitucional destinada a eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza”, afirmó.

Sostuvo que la medida consiste en corregir desigualdades para no “asegurar beneficios desproporcionados” al término de la carrera administrativa.

También destacó la disparidad existente, al señalar que algunas pensiones de altos exfuncionarios superaban el millón de pesos mensuales, frente a aproximadamente siete mil pesos que reciben en promedio los trabajadores en el país.

Con la reforma, subrayó, “nadie podrá recibir más de la mitad de lo que recibe la jefa o el jefe del Ejecutivo federal”, con lo que se pone fin a las llamadas pensiones “doradas”.

El pasado 12 de marzo, Castillo dijo en Aristegui en Vivo que el gobierno federal prevé un ahorro significativo tras la reforma. “No tengo la cifra exacta, pero lo que se considera es que va a haber un ahorro de cinco mil millones de pesos anualmente”, indicó.

Tras la declaratoria del Senado, el decreto fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.