• Dicha reforma propone reforzar la estructura del Municipio Libre de acuerdo con los principios de paridad de género, perspectiva de género, entre otros
La Paz, Baja California Sur. -
El presidente de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de
Justicia, diputado Eduardo Van Wormer Castro, dio lectura al dictamen relativo
a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 115 y
116, y se adiciona al artículo 134, un párrafo cuarto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remitió la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, referente a la adecuación de las normas locales sobre
el régimen municipal, la administración hacendaria, la representación
proporcional y garantizar los límites presupuestarios establecidos.
Por lo que, la XVII
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) a fin de
modificar la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Municipal en relación
aprobó el dictamen presentado por la comisión a cargo; en consecuencia, dicha
reforma constitucional permitirá modificar la conformación y elección de
ayuntamientos, establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamientos
de elección popular directa integrado por, presidente(a) municipal, sindicatura
y hasta quince regidurías, así mismo se obliga a cumplir con paridad de género
(vertical/horizontal) e igualdad sustantiva en el acceso a dichos cargos.
En lo concerniente al
presupuesto anual de las legislaturas locales, que no exceda del 0.70% del
Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente. Así mismo,
deberá garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva
de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos
locales, así como prohibir la reelección de legisladores de los Estados para el
periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.
Las remuneraciones de las
personas Consejeras Electorales, las Magistradas y Magistrados Electorales,
titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas
ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Electoral, los organismos públicos
locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas,
no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución y no
podrán adquirir o contratar con recursos públicos, seguros de gastos médicos,
de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas
de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que
no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo
o condiciones generales de trabajo.
Lo anterior luego de que la
Cámara de Diputados aprobara en lo general el denominado "Plan B" de
reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Razón por la cual el
Congreso local deberá modificar la Constitución Estatal y la Ley Orgánica
Municipal para actualizar el marco jurídico, establecer los mecanismos de
disciplina financiera para los presupuestos municipales y estatales, definir
los procedimientos para resolver conflictos hacendarios entre municipios y el
gobierno estatal, y asegurar que los municipios tengan personalidad jurídica y
administren libremente su hacienda.
Durante la discusión del tema,
se mostraron en contra de la minuta y del dictamen la diputada Guadalupe
Saldaña Cisneros y el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda, quienes
coincidieron al argumentar en contra del llamado “Plan B” discutido en la
Cámara de Diputados, señalando que el proceso legislativo fue apresurado,
irregular y marcado por confrontaciones, además de acusar que no se trata de
una verdadera reforma electoral, sino de cambios administrativos con
intenciones políticas.
En sentido positivo hicieron
uso de la tribuna el diputado Venustiano Pérez Sánchez, la diputada Guadalupe
Vázquez Jacinto y el diputado Omar Torres Orozco quien manifestaron que el
“Plan B” es el primer paso para reducir privilegios en la política, especialmente
en temas como las listas plurinominales, así como por garantizar derechos
laborales, eliminar privilegios y canalizar recursos hacia programas sociales,
educación, salud e infraestructura, cumpliendo compromisos de la presidenta
Claudia Sheinbaum con la ciudadanía.