La Paz, Baja California Sur. - Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y cerrar el paso a la impunidad, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (MORENA) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California Sur (BCS) que plantea endurecer de manera significativa las sanciones contra delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

La legisladora propuso modificaciones a diversos artículos del ordenamiento estatal para establecer castigos más severos y ejemplares, al considerar que estas conductas no solo vulneran la legalidad, sino que afectan directamente el patrimonio público y la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre los puntos centrales de la iniciativa, destaca que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— sea sancionado con penas de cinco a quince años de prisión, además de multas económicas, cuando se compruebe la intención de ocultar el origen o destino de los recursos.

Asimismo, se plantea que las penas puedan duplicarse cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos o funcionarios de instituciones de crédito, incorporando además sanciones como la destitución del cargo, la inhabilitación para ejercer funciones públicas y el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.

En cuanto a los delitos vinculados al servicio público, la propuesta contempla el endurecimiento de sanciones por ejercicio ilícito y abuso de funciones, así como por cohecho y peculado, estableciendo esquemas que incrementan las penas conforme al monto de los recursos involucrados, alcanzando hasta 20 años de prisión en los casos de mayor gravedad.

De igual forma, la iniciativa incorpora disposiciones más estrictas para sancionar el enriquecimiento ilícito, incluyendo penas de cinco a quince años de prisión y el decomiso de bienes cuya procedencia no pueda ser legalmente acreditada.

Vázquez Jacinto subrayó que esta propuesta responde a la necesidad de contar con un marco jurídico más sólido que inhiba prácticas que dañan profundamente a la sociedad, eliminando privilegios y garantizando que quienes incurran en actos de corrupción enfrenten consecuencias proporcionales a la gravedad de sus acciones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, como parte del proceso legislativo correspondiente.