San José del Cabo, Baja California Sur. Decenas de mujeres salieron a las calles del municipio de Los Cabos este domingo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en una jornada que combinó memoria, denuncia y exigencia de justicia frente a las distintas formas de violencia que enfrentan en la región.

En San José del Cabo y Cabo San Lucas se organizaron contingentes que avanzaron entre consignas, pancartas y pintas. Desde la carretera Transpeninsular hasta la Plaza Mijares, las manifestantes recordaron los nombres de mujeres víctimas de feminicidio en el municipio, entre ellas Yeimi Alondra, Jazmín Esmeralda y Alí Suárez, como una forma de mantener viva su memoria y exigir que los casos no queden en el olvido.

Durante la movilización, colectivas feministas señalaron que la marcha no solo busca visibilizar la violencia de género, sino también evidenciar problemáticas sociales que impactan directamente en la vida de las mujeres en Los Cabos. Entre ellas mencionaron el aumento de la violencia sexual, la trata de personas, el feminicidio, así como la falta de atención efectiva en casos de abuso contra menores dentro de instituciones educativas.

También denunciaron el impacto que tiene el desarrollo urbano y turístico en el territorio, señalando que el crecimiento acelerado del municipio ha generado despojo de espacios costeros y mayores cargas de trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres.

Uno de los temas que más resonó durante la jornada fue la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos o hijas para provocar daño psicológico a la madre. Las manifestantes expusieron el caso de Karla Escobar, quien, según denunciaron, perdió la custodia de su hijo después de decidir terminar su relación con el padre del menor.

Este tipo de violencia comenzó a ser abordado en el marco legal de Baja California Sur en julio de 2022, cuando se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Posteriormente, en junio de 2024, se tipificó como delito autónomo en el Código Penal del estado, estableciendo penas de cuatro a seis años de prisión, además de sanciones económicas.

Las colectivas también cuestionaron la actuación de las instituciones encargadas de impartir justicia, señalando que muchos procesos legales avanzan con lentitud y que las mujeres enfrentan obstáculos para que sus denuncias sean atendidas de manera efectiva.

La movilización ocurre en un contexto en el que la violencia familiar continúa siendo una problemática creciente en la entidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California Sur se ubicó en enero de 2026 como el segundo estado del país con mayor número de casos de violencia familiar.

Las estadísticas muestran una tendencia al alza en los últimos años: en 2021 se registraron 2,460 casos; en 2022, 2,620; en 2023, 2,946; en 2024, 3,344; y en 2025, 3,292. Tan solo en enero de 2026 se han contabilizado 270 denuncias.

Para muchas de las participantes, la marcha del 8 de marzo no es únicamente una conmemoración, sino un espacio para visibilizar historias, acompañarse colectivamente y exigir cambios que permitan a las mujeres vivir sin violencia.