• El diputado Omar Torres (PT) propuso establecer una sanción de uno a tres años de prisión para quienes operen este servicio sin contar con la concesión o los permisos.
La Paz, Baja California Sur. -
El diputado Omar Torres Orozco, integrante de la XVII Legislatura, presentó
ante el Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) una iniciativa con
proyecto de decreto para tipificar como delito la prestación irregular del
servicio de transporte público en la entidad, con el objetivo de fortalecer la
seguridad y legalidad en la movilidad.
La propuesta plantea adicionar
un Capítulo VI al Título Vigésimo Segundo del Código Penal del Estado,
denominado "Por la prestación irregular del servicio de transporte
público", así como incorporar el artículo 365 Bis, mediante el cual se
establece una sanción de uno a tres años de prisión para quienes operen este
servicio sin contar con la concesión o los permisos correspondientes.
El legislador señala que el
servicio de transporte público es una atribución del Estado y su operación debe
realizarse bajo estrictas condiciones de legalidad, toda vez que impacta
directamente en la seguridad de las y los usuarios que diariamente se trasladan
a sus centros de trabajo, estudio y diversas actividades.
Destaca que, a pesar de que
existe un marco normativo que regula la actividad, persisten prácticas
irregulares en las que personas operan unidades sin autorización, lo que
representa un riesgo para la ciudadanía y para quienes transitan por las
vialidades del estado.
El legislador destacó que su
iniciativa establece que no será sancionado el conductor de la unidad cuando se
acredite que actúa en calidad de empleado de un concesionario autorizado, y
contempla que este delito será perseguido de oficio por las autoridades
competentes.
El promovente subrayó que esta
propuesta busca enviar un mensaje claro en favor del orden y la legalidad,
evitando que, por obtener un beneficio económico, se ponga en riesgo la
integridad de miles de familias sudcalifornianas.
La iniciativa fue turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y
dictaminación.