La Paz, Baja California Sur.- El órgano desconcentrado del Gobierno del Estado que asumió las funciones del extinto Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI)  de Baja California Sur (BCS) ya se encuentra operando, aseguró la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota.

La funcionaria explicó que el personal del ITAI ya fue liquidado y que actualmente se encuentra en revisión el reglamento interno del nuevo organismo, el cual dependerá de la Contraloría General del Estado. Dicho reglamento se encuentra en análisis por el área jurídica y, una vez publicado el decreto correspondiente, quedará formalmente constituido.

“Desde el propio decreto y la ley se estableció un plazo de 30 días, mismo que se cumplió el 30 de enero. A partir de ese momento se empezó a formalizar la entrega–recepción”, señaló.

Montaño Cota detalló que durante la presente semana se llevó a cabo una reunión para ratificar la entrega realizada por la anterior titular del ITAI y que, desde enero, el nuevo organismo ya se encuentra recibiendo solicitudes de transparencia y atendiendo los recursos que están en trámite.

Agregó que el proceso de formalidad administrativa quedará concluido en el transcurso del mes de febrero, mientras que el monto destinado a la liquidación del personal ascendió a casi 2.5 millones de pesos.

Sobre la continuidad del acceso a la información, la secretaria de Finanzas aseguró que la Plataforma Nacional de Transparencia nunca fue cerrada ni bloqueada, por lo que las solicitudes ciudadanas se han seguido recibiendo sin interrupciones.

Cabe recordar que, previo a estas declaraciones, la entonces comisionada presidenta del ITAI, Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, advirtió públicamente que el instituto se encontraba en un “limbo jurídico”, debido a que no se había conformado el comité de transición previsto en los artículos transitorios de la nueva Ley de Transparencia.

En ese momento, señaló que la falta de dicho comité impedía realizar la entrega–recepción formal, dejando en incertidumbre tanto los expedientes como la situación laboral del personal, además de que el instituto perdería personalidad jurídica a partir del 1 de enero.

Con la ratificación del proceso y la operación del nuevo órgano desconcentrado, el Gobierno del Estado sostiene que la transición se encuentra en marcha y cumpliéndose conforme a lo establecido en la ley.