La Paz, Baja California Sur.- Las personas señaladas en denuncias públicas por presunta extorsión en la delegación El Pescadero rechazaron las acusaciones y afirmaron que los cobros señalados corresponden a cuotas legales dentro de un proceso de regularización de terrenos, al tiempo que invitaron públicamente a sus denunciantes a acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para un careo formal.

Durante una entrevista pública, Juan Manuel Urquidez Rangel, representante legal de la asociación civil Colonos 8 de octubre, afirmó que los pagos señalados no constituyen extorsión, sino cuotas de asesoría jurídica para el proceso de regularización territorial.

“El cobro que se hace es porque él es el tesorero de la asociación… son 200 pesos para la asesoría jurídica”, explicó.

Por su parte, Irvin Castro, señalado en las denuncias, negó haber recibido cantidades como las referidas por los denunciantes.

“Yo jamás en mi vida una persona me ha dado esa cantidad… nosotros no vendemos terrenos, no quitamos a la gente de su terreno, nosotros nada más nos pasamos a puro invitando a la gente para poder regularizar su terreno”, declaró.

·         Aseguran que existe conflicto previo por presunto fraude en la zona

El representante legal sostuvo que el origen del conflicto deriva de un presunto fraude previo cometido por terceros ajenos a la asociación, quienes habrían vendido terrenos sin respaldo legal.

“Inicialmente les dijeron que los terrenos eran de ellos, que se los iban a vender en 2 mil 500 pesos… después les dijeron que tenían que pagar 25 mil pesos o los iban a sacar”, afirmó.

Indicó que, ante esta situación, los colonos optaron por organizarse formalmente para gestionar la regularización ante autoridades federales.

·         Señalan que cuotas corresponden a proceso de regularización

De acuerdo con la defensa, los pagos de 200 pesos corresponden a cuotas para cubrir asesoría jurídica, topografía y trámites necesarios para la regularización de predios.

“El presupuesto de topografía fue de 1 millón 305 mil pesos, y aún se deben aproximadamente 800 mil pesos”, indicó el abogado, quien mostró documentación relacionada con los trabajos técnicos.

Añadió que en la zona existen aproximadamente 600 familias asentadas y cerca de 715 lotes en proceso de regularización.

·         Afirman que denuncias responden a conflicto interno y existen múltiples carpetas

El representante legal aseguró que las acusaciones forman parte de un conflicto entre grupos y afirmó que existen numerosas denuncias entre ambas partes.

“Se han presentado más de 400 denuncias… todas prácticamente son contra las mismas personas”, señaló.

También afirmó que las acusaciones públicas se han difundido principalmente en redes sociales, sin que exista una resolución judicial que confirme los señalamientos.

“Las denuncias se presentan con pruebas… no es ante redes sociales donde se resuelven”, sostuvo.

·         Invitan a careo público ante la Procuraduría

Como parte de su postura, el representante legal invitó públicamente al principal denunciante a presentarse ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para esclarecer el conflicto.

“Lo invito a la procuraduría… si alguien cometió un delito, que en ese momento sea detenido”, expresó.

Por su parte, Irvin Castro afirmó que teme por su seguridad debido al conflicto y señaló que ha instalado cámaras de vigilancia y documentado incidentes. “Estamos cansados… tenemos miedo y por eso hemos puesto cámaras”, declaró.

·         Antecedente: denuncian presunta extorsión y cobros ilegales en El Pescadero

Habitantes de la delegación El Pescadero denunciaron previamente que presuntamente se les exigían pagos que iban desde 3 mil hasta 28 mil pesos bajo amenazas de perder sus predios.

De acuerdo con testimonios de los denunciantes, estos cobros eran realizados sin documentación legal que acreditara la propiedad de los terrenos, lo que generó denuncias públicas y solicitudes de intervención de autoridades estatales.

Asimismo, los denunciantes señalaron directamente a Irvin Castro y al abogado Arturo Rubio Ruiz como presuntos responsables de exigir pagos y ejercer presión sobre colonos, acusaciones que ahora han sido rechazadas por los señalados.

·         Investigación corresponde a autoridades

La responsabilidad legal de las personas involucradas deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Tanto denunciantes como señalados han manifestado su disposición a comparecer ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos.