Estado de México. - Con el alza del IEPS al cigarro este año, el precio de este producto se disparó al superar los 100 pesos en puntos de venta, lo que ha fortalecido al mercado de contrabando, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

El organismo detalló en un comunicado que, en promedio, el incremento ha sido de entre 15 y 22 pesos por cajetilla. 

“Actualmente, 3 de cada 10 cigarros que se venden en el país son ilegales. Sin lugar a dudas, esta política fiscal ha terminado por llenar las alforjas de los cárteles del cigarro de contrabando que operan con amplios márgenes y, en gran medida, con total impunidad”, dijo el presidente del organismo, Cuauhtémoc Rivera, según el comunicado.

Aseguró que las organizaciones criminales venden cigarros a plena vista en estaciones del Metro, paraderos de transporte público, aceras, cruceros y otros espacios públicos.

Aseveró que la diferencia de precio entre una cajetilla legal y una de contrabando supera los 75 pesos, lo que estimula su consumo y distribución.

Agregó que esos cigarros se venden incluso sueltos, a menores de edad y sin ningún control de calidad en su producción, lo que supone un riesgo para la salud pública.

Sobre las medidas para combatir el contrabando, la Anpec señaló que uno de los problemas para los pequeños comercios es que las sanciones no se limitan al importador, fabricante o a quien se los vendió. 

La responsabilidad también alcanza a quien vende, como el pequeño comerciante, almacena o simplemente tiene en su poder cigarros ilegales sin poder acreditar su legal procedencia.

“En el entorno actual, vender cigarros sin código de seguridad no es una falta menor, representa un riesgo real para la operación del negocio, el patrimonio familiar y la seguridad jurídica del comerciante”, destacó Rivera.

Por ello, la asociación pidió a sus afiliados y a los pequeños comerciantes a que compren solo a distribuidores formales, que revisen cada cajetilla y que conserven la documentación que acredite la legalidad de los productos.

Además, la Anpec exigió que la ley se aplique donde ya se sabe que se comete el delito: “Las acciones deben enfocarse en quienes venden abiertamente en las calles y conocidos centros de acopio y distribución de contrabando”. 

Pidió que la autoridad no busque “la piedrita en el arroz” en los pequeños comercios formales, “cuya vocación no es ni ha sido el contrabando”.