Estado de México. - Un grupo de expertos de la ONU exigió al Gobierno mexicano “verdad y justicia” en torno al paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, de cuya desaparición se cumplen tres años este jueves.

Los relatores especiales señalaron que, hasta ahora, ni las autoridades han dado “una respuesta efectiva” ni la empresa presuntamente involucrada ha colaborado plenamente con las investigaciones y las actividades de búsqueda.

Lagunes, abogado de derechos humanos, y Díaz, líder indígena, fueron vistos por última vez el 15 de enero de 2023 en el estado de Colima, tras asistir a una reunión donde se discutían acciones colectivas contra la empresa minera Ternium, con sede en Luxemburgo.

Su desaparición forzada ocurrió en un contexto donde la compañía minera tenía un conflicto por los recursos naturales con la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, en Michoacán, una zona fronteriza con Colima.

El grupo de expertos de la ONU advirtió del efecto “amedrentador” que tienen las desapariciones forzosas, que “sirven para silenciar voces críticas”.

Ambas desapariciones están registradas bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que requiere a los Estados tomar todas las medidas necesarias para buscar, localizar y proteger a un desaparecido, así como a investigar la desaparición.

También cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el riesgo “grave, urgente e irreparable” que enfrentan los dos activistas.

Los expertos señalaron que las empresas extractoras con frecuencia “han sembrado y exacerbado divisiones comunitarias incitando a la violencia en poblaciones con posturas opuestas” respecto al uso de la tierra y los recursos naturales.

Además, apelaron a la responsabilidad de las empresas en la prevención, mitigación y reparación de los impactos negativos en los derechos humanos de sus actividades, lo que incluye la cooperación en casos de desapariciones forzadas.

Asimismo, instaron al Gobierno mexicano a proteger a los defensores de derechos humanos.

“Las autoridades mexicanas deben cumplir con sus obligaciones internacionales, entre ellas la de investigar la desaparición forzada, realizar una búsqueda activa, determinar su suerte y paradero y sancionar penalmente a los perpetradores”, señaló el grupo de expertos.