Es verdad y no hay vuelta de hoja. Este es prácticamente el último año administrativamente hablando que le queda a Víctor Manuel Castro Cosío, por lo cual se ve obligado a estirar el presupuesto que le fue autorizado y que asciende a 26 mil 858 millones de pesos.

Y es que el aumento autorizado, de frente al 2025, no es gran cosa, pues en el año anterior dicho presupuesto ascendió a poco más de 24 mil 999 millones de pesos, que, comparado con el actual, representa un aumento de solo 7.4 por ciento.

Ahora bien, según fuentes de financiamiento, el 83 por ciento provienen de recursos federales mientras el 14. 8 por ciento son de recursos propios.

Con dicho presupuesto se prevén ejes prioritarios de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y que tienen que ver con bienestar e inclusión que tienen que ver con educación, salud, paz y seguridad.

Igualmente hace alusión a reactivación económica e infraestructura, sin descartar turismo, programas productivos, sustentabilidad y transparencia.

Por cierto, al iniciar este año, el gobierno de Baja California Sur se enfoca en el gasto social y la infraestructura.

Sin embargo, ante la creciente preocupación tanto de la sociedad como del gobernante, con su paquete económico habrá de dar prioridad a la salud, la educación, y especialmente a la seguridad, con énfasis el agua y saneamiento, programas de bienestar como vivienda con tasa cero.

Esto último muy a pesar de recortes previstos en algunas áreas.

Pero, lo elemental, y como ya lo dije en una entrega anterior, no habrá nuevos impuestos, con lo que se busca estabilidad económica de las familias además de desarrollo sostenido, respondiendo así al crecimiento poblacional y retos ambientales, según lo presentado a finales de 2025.

Lo anterior, sobre todo por los incrementos que previamente se anunciaron en las áreas de la construcción.

Luego entonces, se asegura que, en base al presupuesto, cerca del 50 por ciento de este será destinado a educación, inclusión y desarrollo social, incluyendo acciones contra la violencia de género.

Igualmente, en cuanto a infraestructura se ha programado fuerte inversión en obras hídricas, movilidad y telecomunicaciones, todo esto, a pesar de recortes en organismos autónomos como el ITAI.

En resúmen, el presupuesto estatal propuesto busca un equilibrio financieto, pero enfrenta el desafío de un recorte en las transferencia federales, lo cual sin duda alguna, habría sido un tema central en las discusiones legislativas en su momento.

Por otro lado, en cuanto a seguridad, para el presente año se buscará el fortalecimiento de la Procuraduría de Justicia y la seguridad ciudadana.

Por lo que respecta a los proyectos hídricos, se contempla continuar con las obras de rehabilitación de acuedutos y estrategias integrales de infraestructura del agua.

En cuanto a desarrollo sostenible se buscará equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental lo que siempre ha sido un reto clave para el estado.

Y hablando de retos, la entidad sudcaliforniana se enfrenta a otros desafíos, como es el caso del crecimiento demográfico, lo que por consecuencia aumenta la presión en cuanto a prestación de servicios e infraestructura.

Por ende, el gobierno busca diversificar la economía más allá del turismo, atrayendo inversión y fortaleciendo la demanda interna.

A raiz de ello, se impulsarán políticas para afrontar la transición energética y variables ambientales, considerados cruciales para el atractivo turístico y la calidad de vida.

En síntesis, esta es la cuesta más empinada que deberá escalar Víctor Manuel Castro Cosío, añ igual que los integrantes de su gabinete.

Estos últimos, si es que realmente están dispuestos a aguantar ese paso firme que deben dar ante la difícil cuesta.

Caso contrario, seguramente habrá algunos que como ya lo escribí anteriormente, estarán dispuestos a renunciar, sobre todo, porque ya vieron la oportunidad de subirse al carro siguiente que enrumba hacía la otra administración estatal.

De no ser así, deben formular el compromiso establecido a lado de Castro Cosío de seguir cumpliendo con los claros objetivos de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Es decir, con todo eso que tiene que ver con evitar gastos supérfluos e innecesarios en el quehacer público.

Vamos, incluso de seguir manteniendo el rechazo de los privilegios y prerrogativas, de los excesos y los derroches.

Y más que nada, no mantenerse en el puesto para en su momento emular el ya famoso “Año de Hidalgo”.

Ese mismo que se daba en el final de una administración sexenal, el cual estuvo asociado al despilfarro y la corrupción, y con la frase popularizada de “chingue a su madre el que deje algo”.

Cuestión de tiempo.