La Paz, Baja California Sur.— En una sesión pública extraordinaria celebrada el jueves 11 de diciembre de 2025, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que Baja California Sur (BCS) redefine su estrategia penal frente a uno de los delitos de mayor impacto social y económico.

Con 19 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el Pleno avaló la iniciativa presentada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, la cual armoniza la legislación estatal con la Ley General recientemente emitida a nivel federal.

La nueva norma establece un cambio sustancial: la extorsión deberá ser investigada y perseguida de oficio, sin que sea indispensable una denuncia formal de la víctima, una disposición orientada a reducir el subregistro del delito y a fortalecer la actuación de las autoridades.

El ordenamiento define con claridad el tipo penal y fija penas de 15 a 25 años de prisión, además de multas de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa montos que van de 33 mil 942 a 56 mil 570 pesos, calculados con el valor vigente de la UMA en 2025.

Agravantes que elevan las condenas

Las sanciones pueden incrementarse de manera acumulativa cuando concurren determinadas circunstancias:

* De cuatro a ocho años adicionales de prisión cuando la extorsión se comete mediante cobro de cuotas, imposición de precios, exigencia de actos jurídicos, uso del sistema financiero, intermediarios involuntarios, afectación a actividades productivas, o presiones bajo supuestos de riesgo.

* De cinco a 12 años adicionales cuando las víctimas sean personas migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas o adultos mayores; exista relación de confianza; se utilicen datos personales, imágenes, audios o videos; se empleen medios digitales; o se simule una privación de la libertad.

* De siete a 17 años adicionales cuando se emplee violencia física o moral, armas, se simule pertenencia a grupos delictivos, se inhiba la denuncia, se afecte la libertad de expresión o los derechos humanos, el delito se cometa desde centros penitenciarios, se dañe la economía de una comunidad o participen dos o más personas.

Delitos vinculados y responsabilidades de funcionarios

La ley no se limita a sancionar al autor directo. Quienes auxilien o cooperen dolosamente con extorsionadores enfrentarán penas de cuatro a 12 años de prisión, además de multas de 60 a 300 UMA, equivalentes de seis mil 788 a 33 mil 942 pesos.

En el caso de servidores públicos que filtren información confidencial, revelen técnicas de investigación o faciliten la comisión del delito, las penas serán de cuatro a 16 años de prisión, con multas de 500 a cuatro mil UMA, es decir, de 56 mil 570 a 452 mil 560 pesos, además de la destitución e inhabilitación del cargo.

La legislación también sanciona la omisión de denuncia por parte de autoridades de seguridad o justicia, con penas de 10 a 20 años de cárcel y multas de 200 a 400 UMA, equivalentes a 22 mil 628 a 45 mil 256 pesos.

Extorsión desde penales

Uno de los apartados más severos apunta a las prácticas delictivas originadas en centros penitenciarios. Introducir o intentar introducir teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación será castigado con penas de seis a 12 años de prisión y multas de 120 a 240 UMA, que van de 13 mil 576 a 27 mil 153 pesos.

Para las personas privadas de la libertad que posean estos dispositivos, las sanciones serán de tres a ocho años de prisión y multas de dos mil a cinco mil UMA, equivalentes a 226 mil 280 a 565 mil 700 pesos, con la posibilidad de incrementarse hasta en una tercera parte.

Cuando el responsable sea una persona servidora pública, la ley prevé destitución e inhabilitación, además del aumento de la pena.

Centro de Atención a Denuncias

Como parte de los artículos transitorios, se ordena la creación de un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el cual deberá iniciar operaciones en un plazo máximo de 180 días hábiles y contar con suficiencia presupuestaria.

Este centro tendrá como función recibir, canalizar y dar seguimiento a los reportes ciudadanos, así como brindar orientación inmediata para prevenir la consumación del delito.

Durante la sesión, el Congreso también aprobó reservas a diversos artículos y transitorios, con el fin de precisar competencias entre órdenes de gobierno y garantizar la armonización plena con el marco jurídico nacional.

Con esta legislación, Baja California Sur deroga las disposiciones estatales previas en materia de extorsión y se integra de forma directa a la estrategia nacional para prevenir, investigar y sancionar este delito.