Inicio esta columna comentando a Usted: Actualmente para los gobiernos Federales, Estatales y Municipales, les resulta de la mayor importancia afirmar que los asuntos de justicia, seguridad y derechos humanos no pueden verse o plantearse de manera inconexa. Para todas estas autoridades es imprescindible armonizar las premisas de la prevención del delito, la lucha contra la delincuencia, impartición de justicia y la readaptación social del delincuente, así como el respeto a los derechos humanos. Reconocen que, en estas materias, la concepción debe ser integral, si se presentan fallas, deficiencias o insuficiencias en algún espacio de las responsabilidades del poder público, ello repercutirá en los demás. Por tal razón, es necesario identificar con bastante cuidado los problemas y la ramificación de sus consecuencias, para que las soluciones obedezcan a un enfoque integral. Al Gobierno Federal, Estatal y Municipal le preocupan las expresiones que en el extranjero se han manifestado respecto de la inseguridad que prevalece en nuestro País, porque desalientan la inversión productiva y la generación de empleos. Sin embargo, entre las mexicanas y los mexicanos existe un profundo sentimiento de frustración, indefensión e irritación ante la incompetencia que muestran ciertas autoridades para combatir eficazmente a la delincuencia.

En este sentido; La sociedad demanda que el gobierno sea capaz de asegurar la observancia y aplicación de la Ley, ya en la prevención del delito, la investigación o en la persecución y enjuiciamiento de los presuntos responsables, así como de garantizar la supervisión y vigilancia de la operación de los órganos de procuración de justicia. Para ello, es necesario el perfeccionamiento de las

disposiciones legales relativas a la investigación y persecución de los delitos, de manera que las autoridades cuenten con más y mejores elementos de actuación y puedan brindar una adecuada seguridad jurídica al ciudadano. Es urgente proponer y alertar en la sociedad una cultura de la denuncia y regular con mayor precisión los actos del ministerio público que proceden a l solicitud de la orden de aprehensión, primordialmente en lo que se refiere de las ordenes de presentación, el arraigo y el cateo ministerial; abatir la impunidad derivada de las disposiciones procesales o de un mal desempeño de los servidores de la justicia; desarrollar en la Ley las normas constitucionales sobre derechos de las víctimas del delito y reparación del daño; establecer preceptos que garanticen un trato adecuado al ciudadano en la formulación de denuncias y vigilar el cumplimiento de la integración, por otro lado, es necesario que los jueces y magistrados cuenten con todos los medios legales, los recursos técnicos y los elementos materiales para que su función se manifieste con la lata dignidad de quienes aplican la Ley para preservar el imperio de derecho y evitar la corrupción.

Concluyo: Es imperativa la modernización del equipo de las instituciones encargadas de la seguridad en los tres órdenes de gobierno. Además, diseñar e instrumentar un sistema de normas y procedimientos que materialice la carrera policial y de impartición de justicia, a partir de reglas de ingreso, promoción y retiro, así como de criterios para la fijación de percepciones y reglas precisas sobre previsiones sociales. Ello con el objetivo de contar con autoridades profesionales honestos y probos en la administración e impartición de justicia y ponerle un dique a la corrupción.