Estado de México. - El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió comparecer como tercero interesado en el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado contra tres consejeros y tres exconsejeros, al considerar que la investigación, reactivada por el Órgano Interno de Control (OIC) y radicada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pone en riesgo la autonomía del órgano electoral y la independencia de criterio con la que deben actuar quienes integran su Consejo General.

Así lo dio a conocer la consejera Dania Ravel, una de las personas sujetas al procedimiento, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que señaló que “defender la autonomía del INE es un deber y un compromiso con nuestra democracia”.

Agregó que el organismo compareció porque “defender la independencia de criterio de quienes integran el máximo órgano de dirección es indispensable para evitar que las decisiones que tomamos las consejerías en el ejercicio de nuestras funciones se conviertan en motivo de investigaciones que inhiban la función electoral y vulneren la confianza ciudadana”.

El procedimiento, reactivado por el OIC, se deriva de una denuncia presentada en diciembre de 2021 por una decisión colegiada del Consejo General, que prorrogó la organización de la consulta de revocación de mandato, argumentando que el Instituto no contaba con los recursos presupuestales suficientes para llevarla a cabo en los tiempos previstos. Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la realización del ejercicio.

La denuncia fue presentada por Morena en contra del entonces consejero presidente, Lorenzo Córdova, así como contra los consejeros Ciro Murayama y Roberto Ruiz -cuyos encargos concluyeron en 2023-; también denunció a las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, y al consejero Jaime Rivera, actualmente en funciones.

Ante ello, explicó, el Instituto presentó un escrito para solicitar que se le reconozca como tercero interesado, con el fin de proteger la independencia con la que deben actuar sus integrantes.

De acuerdo con Ravel, el INE sostiene que investigar a una consejera o consejero por el sentido de su voto “merma la independencia con la que deben actuar las y los integrantes del Consejo General, genera incertidumbre en el ejercicio de sus funciones e inhibe las decisiones que deben tomarse con libertad y conforme a la Constitución y la ley”.

En ese sentido, vulnerar esa independencia afectaría directamente su capacidad para organizar elecciones libres y auténticas, como mandata el artículo 41 constitucional.

Ravel denuncia falta de transparencia

El pasado 9 de noviembre, la consejera Dania Ravel denunció la falta de transparencia en la investigación administrativa que enfrenta. Expuso que, aunque la queja fue presentada en 2021, le notificó en septiembre de 2025, casi cuatro años después.

Tras dicha notificación, Ravel solicitó al OIC información para saber si existían otras quejas en su contra. Según explicó, la petición se sustentó en el derecho constitucional de acceso a la información, pero fue canalizada como solicitud de datos personales y posteriormente rechazada. La respuesta que recibió señalaba que “la presunción de ser investigada no genera un derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación” y que la información se considera reservada hasta que se reconozca formalmente la calidad de imputada.

La consejera cuestionó además que, antes de notificarle el procedimiento, el OIC solicitara su expediente laboral completo, incluso con datos personales de familiares, y criticó el mecanismo para impugnar la negativa de información: “Si no estoy conforme, puedo impugnar… ¡ante el mismo OIC que negó la información!”, lo que, afirmó, implica que “la autoridad que decide también revisa su propia decisión”.

Ravel advirtió que la reciente desaparición del INAI y la creación de órganos garantes internos “diluyen el principio de rendición de cuentas”, pues cuando la misma autoridad decide y revisa, sostuvo, “la transparencia deja de ser contrapeso”. Subrayó que “la democracia requiere del respeto irrestricto a los derechos humanos y de autoridades autónomas e independientes”.