• Buscan proteger a trabajadoras y trabajadores contra el acoso no sexual.
La Paz, Baja
California Sur. - La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo (PT),
presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Baja
California Sur (BCS) con el objetivo de reconocer y sancionar legalmente el
acoso laboral y el acoso laboral por razón de género.
La propuesta
busca que este tipo de conductas ya no queden impunes y tengan consecuencias
legales claras, aun cuando no tengan connotación sexual.
La iniciativa
se fundamenta en leyes nacionales e internacionales que promueven el derecho a
un trabajo libre de violencia, especialmente para las mujeres. Además, se apoya
en datos recientes que evidencian la magnitud del problema: casi el 44% de las
personas profesionistas han sufrido acoso laboral, y muchas de ellas han tenido
que renunciar por estas situaciones.
Actualmente,
el Código Penal de BCS solo contempla sanciones para el acoso y hostigamiento
de tipo sexual, pero deja fuera otras formas de violencia laboral como
humillaciones, burlas, sobrecarga de trabajo, exclusión o discriminación por
razón de género. Por ello, la diputada propone crear un nuevo capítulo que
incluya dos artículos: el 196 Bis y el 196 Ter.
El artículo
196 Bis definiría el acoso laboral general y establecería sanciones de 2 a 5
años de prisión y multas de hasta 300 UMA. En tanto, el artículo 196 Ter
abordaría el acoso laboral por razón de género, con penas de 3 a 6 años de
cárcel y multas de hasta 500 UMA.
La iniciativa
también contempla agravantes. Si la víctima es menor de edad, tiene alguna
discapacidad, o si el agresor es un servidor público o candidato a un cargo de
elección popular, las sanciones podrían aumentar a 3 a 8 años de prisión,
además de multas mayores y la inhabilitación o retiro de candidatura. La
reforma aplicaría tanto en el sector público como en el privado, y en trabajos
formales e informales. Entraría en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
Con esta
propuesta, se busca garantizar entornos laborales más seguros, justos y libres
de violencia, en los que se respeten los derechos de todas las personas, sin
importar su género.