• La iniciativa presentada por el diputado Sergio Polanco Salaices busca ofrecer certeza jurídica al sector inmobiliario y enviar un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes se aprovechen de la buena fe de la ciudadanía
La Paz, Baja
California Sur. -Este martes 26 del presente año, el diputado Sergio Polanco
Salaices presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual, planteó
se adicione el artículo 241 Bis y se deroguen las fracciones XI, XII y XXIII,
al artículo 241 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur, en materia de fraude inmobiliario.
En la
exposición de motivos, el legislador esclareció que, actualmente, el Código
Penal del Estado contempla en las fracciones XI, XII y XXIII del artículo 241,
diversas hipótesis que se relacionan con la venta fraudulenta de bienes
inmuebles, sin embargo se considera que la penalidad prevista para sancionar
este tipo de conductas no refleja la gravedad de este tipo de conductas
cometidas en el ámbito inmobiliario, razón por la cual, consideró que la pena
deba ser más severa, ya que el fraude inmobiliario no solo ocasiona un
perjuicio patrimonial a las víctimas, sino que también genera inseguridad
jurídica, desalienta la inversión y debilita la confianza ciudadana en las
instituciones y genera además problemas relacionados con el correcto desarrollo
urbano.
Polanco
Salaices añadió que, de igual forma, se considera incluir en este nuevo tipo de
fraude inmobiliario, otros tipo de conductas que afectan a la ciudadanía que
desean adquirir un bien inmueble, como lo son: los actos de promoción o
colocación de publicidad, ofreciendo lotes o fracciones sobre predios de un
fraccionamiento no autorizado a sabiendas que estos no cuentan con los permisos
o autorizaciones de quienes son autoridades competentes, enganchándolos para
que estos compren terrenos irregulares, conducta que se considera debe ser
castigada aun y cuando no se concrete propiamente la venta, a fin de disuadir
el principio del engaño y que no se aprovechen del desconocimiento de los
ciudadanos respeto de la legalidad de los inmuebles que se ofertan.
Concluyó la
propuesta legislativa al aseverar que se busca proteger la economía de las
familias sudcalifornianas e inmobiliario y enviar un mensaje claro de que no
habrá impunidad para quienes se aprovechen de la buena fe de la ciudadanía.