La Paz, Baja California Sur.- Durante la visita de la  presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al Hospital General Juan María de Salvatierra en La Paz, representantes del Frente Turístico de Baja California Sur (BCS) protestaron para denunciar la persistente violación a sus derechos por parte del Gobierno del Estado.

Adrián García, vocero del frente, aseguró que su presencia tuvo como objetivo exponer directamente a Sheinbaum que “el gobernador le está mintiendo”, ya que no ha habido una solución real al conflicto que desde hace más de dos años enfrentan las transportadoras turísticas en la entidad.

“El gobierno estatal pretende imponer una plataforma restrictiva que viola nuestros derechos como permisionarios federales. Hoy, nuestros compañeros están en el terreno, enfrentando inspecciones arbitrarias, sin que se respete la ley. Nos acusan de operar fuera de la norma cuando somos nosotros quienes cumplimos con licencias, placas, seguros y permisos federales”, afirmó García.

Según el representante, alrededor de 2,000 unidades y 2,400 empresas operan legalmente en el destino turístico, principalmente en Los Cabos, pero se han vuelto blanco de hostigamiento por parte de la Dirección de Transporte del Estado, encabezada por Martín Salinas. Denunció que incluso hay videos donde se observa a la Policía Estatal persiguiendo y rodeando unidades con armas largas, en actos que calificaron como intimidatorios y desproporcionados.

García acusó una “fijación” del gobernador con favorecer al gremio taxista, del cual —afirmó— formó parte antes de asumir el cargo. “Se nos quiere excluir del mercado turístico. El gobierno quiere decidir cómo debe moverse el turista, cuando su función es verificar que todos —taxi, transportadora o plataforma digital— cumplan con la ley, no imponer preferencias”, declaró.

Los manifestantes lograron un breve encuentro con Claudia Sheinbaum, a quien expusieron sus inquietudes y quien, según dijeron, se comprometió a instalar una mesa de diálogo en próximas fechas para revisar el caso.

“Pediremos que estas reuniones sean a puertas abiertas, para que la sociedad vea quién tiene la razón. El gobierno estatal dice que somos piratas; nosotros decimos que operamos dentro de la ley. Que se revise el artículo sexto y los permisos federales. Lo que no se vale es manipular la legalidad a conveniencia”, sentenció García.