• Tras la aprobación de la Ley Antimonopolio se crea la Comisión Nacional Antimonopolio, la cual absorberá las tareas que realizaba la extinta Cofece.
Estado de
México. - El Senado de la República aprobó este sábado en lo general
el dictamen que modifica la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, propuesto por la presidenta Claudia
Sheinbaum.
La iniciativa
fue avalada con 68 votos a favor y 35 en contra por el Pleno del Senado de la
República y con ello se plantea crear la Comisión Nacional Antimonopolio, la
cual absorberá las tareas que realizaba la extinta Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece).
La Comisión
Nacional Antimonopolio, organismo público descentralizado y sectorizado a la
Secretaría de Economía, enfocado en garantizar la libre concurrencia y
competencia económica en todos los mercados y sectores del país, de
acuerdo con un comunicado del Senado.
Asimismo, la
propuesta, enviada a la Cámara de Diputados, plantea reformar la Ley Federal de
Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
para realizar un rediseño institucional sobre las funciones del
Estado en la rectoría económica del país, para que se administre con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos,
y mantener vigente la supremacía del interés general, público y social.
Las y los
senadores David Novoa Toscano, Mario Humberto Vázquez Robles y Laura Esquivel
Torres, del PAN; Edna Geraldina García Gordillo, del PRI; y Amalia Dolores
García Medina, de Movimiento Ciudadano, presentaron modificaciones a los
artículos 3, 12, 13 bis, 18, 23, 31, 54, 77 bis, 136 y 140, 141, 142, de la Ley
Federal de Competencia Económica.
Sin
embargo, la asamblea rechazó las propuestas de modificación, por lo que
los artículos reservados quedaron en sus términos, y con 72 votos a favor y 34
en contra el dictamen fue aprobado en lo particular.
Posicionamientos contrarios
Para fijar la
postura de Morena, Martha Lucía Micher Camarena consideró que el proyecto
busca fortalecer y dar continuidad a la política de competencia del país,
pues impulsa una modernización institucional para recuperar el control del
Estado sobre los intereses económicos, para que la competencia sea de verdad
una herramienta en favor de las familias mexicanas.
Por su parte,
Marko Cortés Mendoza dijo que en Acción Nacional están en contra de esta
reforma, porque destruye los contrapesos y los controles constitucionales,
pues permite que el titular del Ejecutivo en turno asuma el control total en
materia de competencia económica, y lo único que provocan es incertidumbre,
desempleo y ahuyentar a la inversión.
Del PRI, el
senador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la propuesta es
“profundamente regresiva” porque, bajo “el falso argumento” de la
simplificación administrativa, pone en riesgo los avances en materia de
competencia económica, pues una entidad subordinada al Ejecutivo Federal
amenaza la imparcialidad y la certeza jurídica, decisiones que podrían verse
condicionadas por intereses políticos.
Mientras que
el senador Waldo Fernández González, del Partido Verde, afirmó que México
requiere de una autoridad capaz de equilibrar el tablero de competencia
económica, que es desigual en algunos sectores; por ello la Comisión Nacional
Antimonopolio que se propone está diseñada con capacidad real para actuar con
firmeza contra quienes transforman el mercado y con ello trasladan el costo de
sus privilegios a millones de consumidores.
En esa misma
línea, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT, afirmó que la reforma permite
al sector empresarial ser escuchado y favorece la competitividad. Además, al
hablar de austeridad no se trata de afectar los derechos de los trabajadores,
se trata de bajar costos en grandes edificios o duplicidades que no tienen
justificación.
En contra,
Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, señaló que la
propuesta debilita a las instituciones, perjudica a los ciudadanos y deteriora
la competitividad económica del país. Dijo que, al sustituir a la Cofece por
una comisión antimonopolios, significaría una pérdida de autonomía al quedar
directamente sectorizada a la Secretaría de Economía.