Estado de México. - En México, donde la ausencia paterna afecta a más de una tercera parte de los hogares, colectivos feministas denuncian, en el marco del Día del Padre, que persiste una crisis de deudores alimentarios cobijados por la indiferencia y corrupción judicial, ahora agravada por la elección de jueces deudores y cómplices.

Según cifras censales, uno de cada tres hogares en México es sostenido por una madre autónoma, en contextos marcados por “un padre abandónico, un hombre que, de manera consciente, ha renunciado a sus responsabilidades y a ejercer la paternidad”, afectando a más de 30 millones de infancias, destacó la activista Diana Luz Vázquez.

La activista, impulsora de la Ley Sabina, que busca sancionar y prevenir el incumplimiento de pago de pensiones, subrayó la necesidad de evidenciar esta problemática “normalizada” en el país, mientras el Gobierno sigue sin consolidar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

“Pareciera que les están cuidando el prestigio (…) a estos deudores alimentarios, y, por otro lado, a nosotras (madres autónomas e infancias) nos dejan solas”, señaló.

Vázquez precisó que solo dos de los 32 estados del país, Oaxaca (sur) y Coahuila (norte), han hecho totalmente públicos estos registros, y la Ciudad de México anunció recientemente que lo haría, lo que se espera ocurra en los próximos días.

No obstante, apuntó que, aunque existe un registro nacional, este no concentra la información de todos los estados, y para consultar los listados, se requiere ingresar ciertos datos personales.

De esta manera, consideró que el sistema “sigue protegiendo” a los deudores alimentarios, mientras funcionarios que los encubren -o que también son deudores- permanecen en cargos públicos, ya que la ley exige una “sentencia firme” para retirarlos.

Jueces y deudores

Este requisito, señaló Vázquez, resulta inalcanzable para muchas madres por los altos costos y obstáculos legales, lo que ha permitido que deudores y cómplices ocupen puestos judiciales e incluso hayan resultado ganadores en las recientes elecciones.

“Ahora mismo tenemos casos de jueces que participaron en este proceso, que tienen expedientes abiertos de deudores alimentarios, que no han pagado (la pensión) y que muchos de ellos han sido electos”, avisó.

Varias madres y activistas colocaron el sábado carteles con los rostros y nombres de estos candidatos afuera del Instituto Nacional Electoral (INE) en la capital, donde este domingo presentarán una denuncia formal contra una decena de ellos.

Entre estos perfiles, están Roberto Alejandro Pérez, quien fue elegido como magistrado penal en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, a pesar de haber sido denunciado por la madre Emilia Espinoza por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

También destaca el nombre del juez Mirsha Rodrigo León, electo como magistrado en materia civil en la Ciudad de México, denunciado por varias madres como cómplice en casos de violencia vicaria y por pactar con deudores alimentarios.

Así como el juez Juan Miguel Morales Monter, quien se perfila como magistrado familiar en la capital del país y fue separado de su cargo en la fiscalía local por revictimizar a la madre Maha Schekaiban y retirarle la custodia de sus hijos.

“Estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de una estructura institucional (…) quien no garantiza justicia ni cumple con sus responsabilidades más básicas no debe ejercer autoridad ni representar al Estado”, zanjó la agrupación Ley Sabina contra Deudores Alimentarios, en un pronunciamiento.

Buscan negar acceso a estadios

En contraste con la impunidad estructural, en el estado de Nuevo León y en la Ciudad de México, surgió una polémica propuesta de ley que busca limitar la entrada a eventos masivos, como partidos de fútbol y conciertos, a quienes tengan deudas alimentarias, como ocurre en países como Argentina.

“Si tienen recursos para entrar al estadio, claro que tienen para la alimentación de sus hijos”, advirtió la diputada Greta Barra, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien presentó la iniciativa en Nuevo León.

Sin embargo, señaló que para que esta propuesta avance, primero se debe crear el registro de deudores alimentarios, aún pendiente en este y otros 28 estados del país.

“Somos un país futbolero y creo que el que (…) se le prohíba la entrada al estadio sería importantísimo. Es un mensaje al final de no tolerancia a estos señores”, opinó Vázquez.