Estado de México. - El gobierno de México resguardará la propiedad de los beneficiarios del Infonavit, y solo en casos excepcionales se otorgará a invasores la posibilidad de obtener la vivienda a bajo costo, expuso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina dijo que su administración resguardará la propiedad de las viviendas, aunque insistió en que hay cerca de 800 mil viviendas que fueron otorgadas con créditos del Infonavit están abandonadas, o invadidas y no se reciben pagos por ellas.

El miércoles, el titular del Infonavit, Octavio Romero, dijo que en el caso de viviendas que han sido invadidas, en las que el propietario no sea localizado, podrían ser invadidas a bajo costo a quienes las ocuparon ilegalmente.

“La propiedad privada está resguardada. Eso es por constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro, y que no haya dudas”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo federal explicó que durante décadas se construyeron viviendas que estaban en sitios alejados de centros de trabajo y educativos, y sin medios de transporte. Además, se otorgaron créditos que con el tiempo fueron impagables. Eso provocó el abandono de cerca de 800 mil viviendas.

“Se están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas, o en condición de irregularidad. Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores, que no hubiera un fraude de por medio ni nada que tuviera que ver con una afectación a la propiedad privada, se están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono. O sencillamente cerrar los ojos y decir, ‘ah, pues están ocupadas ilegalmente’, y no hacemos nada”, reiteró la presidenta.

Para dimensionar el tema, puntualizó que son cerca de 800 mil viviendas que están abandonadas o vandalizadas o han sido invadidas, y de las que no se recibe pago alguno, en tanto que el gobierno federal se propuso construir 1.2 millones a lo largo del sexenio.

Dijo que se mantiene la política de no realizar desalojos de viviendas, pues solo un juez puede determinar que una vivienda está ocupada ilegalmente sea desalojada por la fuerza.

“No tiene que ver con afectar la propiedad privada ni aquellos créditos que está pagando un trabajador. En el marco de la ley, del respeto a la propiedad y lo que tiene que ver con los créditos de los trabajadores poder resolver qué vamos a hacer con esas viviendas”, expuso.