• Desde la renuncia de Daniel De la Rosa Anaya, López Rodríguez era el encargado de despacho.
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La Paz, Baja
California Sur.- En sesión extraordinaria, el Pleno de la XVII Legislatura del
Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobó por unanimidad la
designación del licenciado Antonio López Rodríguez como Procurador de Justicia
del Estado de Baja California Sur, cargo que desempeña desde hace dos meses
como encargado de despacho.
La Comisión
de Asuntos Políticos que preside la diputada Alondra Torres García presentó el
resolutivo en atención a la propuesta de ratificación de López Rodríguez como
procurador de justicia, enviada por el Gobernador del Estado.
De acuerdo al
proceso estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Constitución
estatal, López Rodríguez compareció ante integrantes de la legislatura, ante
quienes presentó su plan de trabajo; posteriormente la presidenta de la Mesa
Directiva, diputada Arlene Moreno Maciel instruyó la votación por cédula
secreta, logrando el consenso de los 21 integrantes.
“El anhelo de
justicia y paz no es una consigna política, es un clamor social, también es un
deber moral (…) para encabezar este encargo se requiere sensibilidad, firmeza,
más que un pensamiento estratégico y sobre todo, un compromiso total con la
legalidad, con las víctimas, con las familias que han sufrido consecuencias del
crimen y con la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía”, dijo López
Rodríguez en la tribuna legislativa.
El ahora
procurador, no omitió referirse a la situación de hechos de violencia que han
ocurrido en los cinco municipios, “no puedo dejar pasar el que durante los
últimos meses la tranquilidad que ha distinguido al Estado de BCS, se ha visto
opacada con actos violentos provenientes de grupos que obedecen e intereses
oscuros, sin embargo, acotó, estos acontecimientos no representan la totalidad
de nuestra realidad”, apuntó.
De acuerdo
con su plan de trabajo, desarrollará cinco ejes referentes a
profesionalización, reorganización y reestructura, coordinación
interinstitucional, mejora en los procesos penales y combate frontal al crimen
y recuperación de la paz.