• Contendrá información de las personas que hayan recibido sentencia ejecutoria por algún de-lito de índole sexual.
La Paz, Baja
California Sur. - A fin de contar con herramientas de protección para menores,
la diputada Lupita Saldaña Cisneros de la bancada del PAN propuso la creación
de un Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales en Baja California Sur
(BCS).
La
legisladora propone incorporar el registro mediante adiciones a la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, facultando a la secretaría del
ramo para actualizar la información del nuevo registro, así como adiciones a la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que las
instituciones públicas o privadas de educación, culturales, deportivas,
sociales o cualquier otra que brinde algún servicio a menores de edad, solicite
a su personal un certificado que acredite la no inscripción al Registro Estatal
de Personas Agresoras Sexuales.
Saldaña
Cisneros afirmó que contar con un registro de agresores es una forma de
promover entornos seguros y que responde a la urgencia de romper el ciclo de la
violencia sexual, evitando que quienes han cometido estos delitos vuelvan a
tener oportunidad de dañar a otras personas, en particular a menores de edad.
Y es que
recordó que en muchos casos la violencia sexual en contra de menores de edad
ocurre en sus entornos de confianza, es decir, hogares, escuelas, centros
deportivos y recreativos.
El Registro
Estatal de Personas Agresoras Sexuales, contendrá información de las personas
que hayan recibido sentencia ejecutoria por algún delito de índole sexual, en
tanto que los particulares podrán solicitar certificados que acrediten su no
inscripción en el Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales.
La
parlamentaria enfatizó que el registro no pretende crear penas adicionales ni
exponer públicamente a las personas condenadas más allá de su sentencia
judicial, si no que su finalidad es administrativa y preventiva: centralizar
información sobre individuos con sentencias firmes por delitos sexuales para
facilitar la toma de decisiones informadas por parte de autoridades e
instituciones.