La Paz, Baja California Sur.-  El caso de una denuncia por acoso sexual contra un alto funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California Sur (BCS) exhibe un presunto encubrimiento institucional, abuso de poder y revictimización. A dos años de presentada la denuncia, no hay avances en la investigación, la carpeta permanece oculta y la víctima no ha recibido acompañamiento.

El abogado Arturo Rubio Ruiz, asesor jurídico de la denunciante, afirmó que ya se acudió ante la justicia federal y, de ser necesario, también se llevará el caso ante la Corte Internacional.

Ante medios de comunicación, Rubio Ruiz denunció que la carpeta de investigación SJC 2515 del 2023, por el delito de acoso sexual, permanece resguardada en el escritorio del actual encargado del despacho de la PGJE, quien además es la persona señalada por la víctima. Afirmó que, pese a múltiples solicitudes legales, se ha negado el acceso al expediente y no se han determinado medidas de protección.

“El acceso a la justicia no puede depender del cargo que ocupa un funcionario. No es posible que quien está acusado de acoso sexual controle la investigación en su contra y, además, lo niegue”, expresó.

La denuncia fue turnada originalmente a la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer y el Menor, pero fue retenida por el entonces titular de la institución. Hoy, esa misma persona encabeza la PGJE bajo la figura de “encargado del despacho”, la cual ya fue cuestionada y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso anterior. Según Rubio Ruiz, esta figura carece de sustento legal, lo que compromete la autonomía de la institución y convierte en inválidas las decisiones que se tomen desde esa posición.

Además, denunció que la víctima ha comenzado a recibir amenazas, lo que agrava la responsabilidad del Estado en garantizar su protección. “Esto no es un ‘asuntito’. Es un acto de abuso de autoridad, de ejercicio indebido del poder y de encubrimiento”, afirmó.

El caso ya fue presentado ante un juez de control, quien deberá requerir al funcionario que explique por qué no se ha permitido el acceso a la carpeta ni informado sobre los avances. Si no hay respuesta, advirtió Rubio Ruiz, “iremos a la justicia federal y, si es necesario, a instancias internacionales. Lo que está ocurriendo en la PGJE no puede seguir pasando en un estado de derecho”.