La Paz, Baja California Sur.- En medio del paro estatal de maestros que ha dejado sin clases a al menos 124 escuelas de nivel básico de las 899 registradas en la entidad, el gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Castro Cosío, endureció su discurso y lanzó una advertencia directa al magisterio sudcaliforniano: “No vamos a reprimir a nadie, solo vamos a aplicar la ley”.

El mandatario, visiblemente molesto, apeló a su pasado como maestro y dirigente sindical para descalificar las acciones de los docentes en paro:

“Alguien me dijo: ‘Usted nos enseñó’. Tú ni Macías cuando yo ya estaba luchando. No tienes 30 años. Nosotros no abandonamos a los chamacos y ahí está el testimonio histórico”, dijo, en un mensaje que ha generado reacciones entre el gremio magisterial.

Lejos de mostrar apertura al diálogo, el gobernador remató:

“Que nadie se equivoque: en Baja California Sur nosotros representamos la ley y la vamos a hacer valer, por justicia. Porque es lo que queremos que cambie, pero también de allá pa’ acá y de aquí pa’ allá”.

El mandatario estatal aseguró que la gente está pidiendo que se aplique la ley, por lo que sostiene la intención de aplicar los descuentos salariales a los trabajadores de la educación que se mantienen en paro. 

Las declaraciones se dan en un momento tenso a nivel nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum también ha adoptado una postura rígida frente a las protestas magisteriales. Tras cancelar una reunión con la CNTE, Sheinbaum declaró: “Hay cosas que no están bien”, dejando entrever su inconformidad con las formas de presión del sindicato.

Así mismo, en "la mañanera, dijo que los descuentos salariales los definiría cada entidad.

Mientras tanto, el magisterio sudcaliforniano, encabezado por el maestro Manuel Acevedo Arredondo y otras corrientes, mantienen su exigencia central: la eliminación de la Ley ISSSTE 2007 y respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

El paro sigue, las clases están suspendidas y el gobierno, en vez de tender puentes, amenaza con aplicar la ley. Lo que está en juego no es solo un pliego de demandas: son los derechos del magisterio, el acceso a la educación de miles de niños y niñas, y la forma en que las autoridades entienden el diálogo y la justicia.