La Paz, Baja California Sur.- Familiares de Julio César Zúñiga Luna, de 30 años, y Jesús Iván Rodríguez Leiva, de 26, originarios de Puerto San Carlos, municipio de Comondú, acudieron este lunes al Palacio de Gobierno  de Baja California Sur (BCS), en La Paz para solicitar de manera urgente la intervención del gobernador Víctor Castro Cosío y de la presidenta del país Claudia Sheinbaum Pardo, en el caso que enfrentan los jóvenes detenidos en San Diego, California, acusados de tráfico de personas, delito por el cual podrían ser condenados a la pena de muerte.

En su visita al recinto gubernamental, los familiares buscaron entablar un diálogo directo con el mandatario estatal, a quien pidieron interceder para garantizar un juicio justo y el acceso a defensa legal adecuada. “No venimos a protestar, venimos a pedir ayuda. Ellos no son criminales. Son pescadores, gente de trabajo. No pueden pagar por algo que no hicieron”, expresaron.

Julio e Iván salieron de Puerto San Carlos el pasado 30 de abril y, cinco días después, fueron detenidos en Estados Unidos tras un accidente en una lancha frente a las costas de California, donde fallecieron tres personas y una menor desapareció. Desde entonces, están bajo custodia federal, acusados de tráfico de personas con resultado de muerte.

Según relataron sus familiares, sólo han tenido contacto con ellos a través de un par de llamadas telefónicas. “No hemos podido verlos. Solo hablamos brevemente con Julio y una vez con Iván. La información es poca y el miedo es mucho. Nos dicen que el gobierno estadounidense quiere hacer de este caso un ejemplo, aplicando todo el peso de la ley, incluso la pena de muerte”.

Los allegados insisten en que los jóvenes no eran responsables de la operación ni propietarios de la lancha. “Iban como pescadores, sabían manejar la embarcación, pero desconocemos quién los contrató. Sabemos que hay más detenidos, incluso personas trasladadas a Ciudad de México, pero ellos son inocentes. No tienen antecedentes, no son delincuentes. Toda la comunidad los conoce como trabajadores ejemplares”.

Recalcaron que no buscan impunidad, sino justicia. “No pedimos que los liberen sin responsabilidad, pero tampoco que se les condene con una pena desproporcionada. Que enfrenten lo que corresponda, pero con acceso a una defensa real y con respeto a sus derechos humanos”.

Los familiares también informaron que han comenzado a difundir el caso en redes sociales y medios internacionales, como Telemundo, con el objetivo de visibilizar la situación y lograr el respaldo institucional. “Queremos que el gobernador nos escuche. Que nos reciba, que envíe un oficio a la presidenta. No podemos quedarnos callados cuando nuestros hermanos están enfrentando una situación tan dura”.

La comunidad de Puerto San Carlos respalda plenamente la petición. Y este jueves haremos una marcha.  “Julio es mi cuñado, es como mi hermano. Iván es amigo de toda la vida. Son gente honrada, querida en el pueblo. Queremos justicia, no castigo ejemplar para quienes no lo merecen”, concluyero