Estado de México. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió de la Presidencia de la República una iniciativa para especificar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) será el encargado de hacer la medición de la pobreza en el país y evaluar los programas de la Política de Desarrollo Social.

Con ello, se busca establecer legalmente que las facultades que actualmente tiene el desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pasarán al INEGI.

El documento, turnado para su análisis a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, plantea modificar para ese fin las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental.

La enmienda legal daría cumplimiento a lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de Simplificación Orgánica.

La iniciativa apunta que esta medida busca hacer eficiente el uso de los recursos públicos y, sobre todo, mejorar la eficacia de los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.

Detalla que el Coneval se creó bajo la óptica de dotar al Estado de un mecanismo técnico único de interpretación de la información estadística y generación de evaluaciones sobre el impacto de las políticas de desarrollo social.

Sin embargo, señala que con ello no se consideró la existencia de múltiples órganos con funciones similares de diagnóstico y evaluación, lo que ocasionó la dispersión de recursos y duplicidad de tareas y funciones. 

“De ahí que la simplificación orgánica que se propone pretende fortalecer la capacidad del Estado para evaluar el impacto de la Política de Desarrollo Social de manera objetiva a través del INEGI, el cual cuenta con autonomía constitucional y es el encargado de la generación de información estadística y geográfica”, enfatiza.

Las modificaciones propuestas también establecen el alcance de las facultades y obligaciones que competen al INEGI para la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.

Además, sus facultades para emitir recomendaciones e instaurar las formas de coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y se armoniza a detalle lo dispuesto en la Reforma Constitucional en materia de Simplificación Orgánica. 

“La presente iniciativa busca avanzar en el proceso de armonización y garantizar que la transferencia de funciones se realice de manera efectiva, mediante un marco jurídico que permita al INEGI asumir estas nuevas funciones sin afectar su autonomía ni la calidad de su labor técnica”, destaca la iniciativa.