• La diputada Karina Olivas Parra y el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda, solicitan se restablezca el nombre original el cual desde hace más de 400 años se encuentra nombrado en la cartografía histórica.
La Paz, Baja
California Sur. - El pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de
Baja California Sur (BCS), exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) del Gobierno Federal, a fin de realizar los trámites y
gestiones necesarias para dejar sin efectos el acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 17 de noviembre de 2009, mismo que fue emitido por
la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), mediante el cual se modificó el Registro
Nacional de Información Geográfica respecto al cambio de nombre en la
cartografía oficial el nombre de la Isla “Cerralvo” por el de “Jacques
Costeau”.
Fue un punto
de acuerdo presentado por la diputada Karina Olivas Parra y el diputado
Christian Fabrizio del Castillo Miranda, mediante el cual solicitan se activen
los mecanismos necesarios para el restablecimiento del nombre original “Isla
Cerralvo” el cual desde hace más de 400 años se encuentra nombrado en la
cartografía histórica y con el cual los habitantes de Baja California Sur
reconocen y nombran la Isla en comento.
En la
exposición de motivos, los iniciadores precisaron que la solicitud a las
instituciones federales tiene por objeto revertir el indebido cambio de nombre
de al considerar que, se pierde el respeto a la identidad histórica y cultural;
revertir el cambio de nombre permitiría preservar la conexión con el pasado y
la identidad de la isla, evitar la confusión y falta de reconocimiento, ya que
el cambio de nombre a Jacques Cousteau puede generar confusión entre los
habitantes y visitantes de la región, pues en su mayoría continúan nombrándola
como Isla Cerralvo; y al considerar que la historia de la región deben tener
prioridad sobre la imposición de nombres externos por intereses ajenos,
turísticos o económicos.
Concluyeron
al aseverar que la reversión del cambio de nombre debería ser un proceso
participativo que involucre a los habitantes de la región y a las autoridades
locales, a fin de garantizar que la decisión sea representativa de la voluntad
de la comunidad.