La Paz, Baja California Sur.-  La asignación de 500 plazas y 300 horas adicionales para personal docente en Baja California Sur (BCS), anunciada recientemente tras la visita del secretario de Educación Pública (SEP), María Delgado, ha generado controversia entre el magisterio, particularmente entre los docentes eventuales que participaron en los procesos de evaluación.

Isabel Peña, representante del movimiento de preescolar y de trabajadores eventuales, denunció públicamente que el proceso impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y respaldado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), podría estar motivado por intereses políticos y alejado del marco legal que rige el ingreso y promoción docente.

La preocupación surgió luego de que el secretario general de la Sección 3 del SNTE en BCS anunciara que al menos 200 de estas plazas se asignarían a docentes compensados, una figura que representa a maestros con base que laboran también en contraturnos. Peña señaló que muchos de estos docentes no han sido evaluados, como exige la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), lo que implicaría una violación directa a dicha normatividad.

“Estamos hablando de una clara contradicción a lo que marca la ley. Mientras cientos de compañeros eventuales cumplen con evaluaciones, cartas de no antecedentes y años frente a grupo sin una base, ahora se pretende beneficiar a quienes ya tienen una plaza y ni siquiera han sido evaluados”, reclamó.

Pero más allá de lo legal, lo que más alarma al magisterio es que la mayoría de los docentes compensados que serían beneficiados se encuentran en el municipio de Los Cabos, lo que ha despertado sospechas de un posible uso político del reparto de plazas.

“Nos preocupa que haya un interés político detrás de esta decisión. No es casual que la mayoría de los compensados estén en Los Cabos, y que sea justo ahí donde se pretende concentrar la entrega de plazas. Nos parece una forma de clientelismo sindical disfrazado de justicia laboral”, advirtió Peña.

Además, la representante señaló que las cifras oficiales no concuerdan con los datos públicos. A través del portal SATAC, encontraron inconsistencias entre las plazas reportadas por la SEP y las publicadas oficialmente, lo que añade opacidad al proceso.

Por ejemplo, en el nivel preescolar solo se reporta una plaza entregada hasta diciembre de 2024, y 17 más a partir de enero de 2025, pero en la plataforma de transparencia solo se reflejan 16. Casos similares se repiten en otros niveles, lo que hace sospechar de un manejo discrecional de los espacios.

“Hay compañeras que llevan más de siete años como eventuales sin lograr una base. Es injusto que ahora, por razones políticas o por acuerdos de cúpulas sindicales, se les dé la espalda”, reclamó.

El llamado de los docentes es claro: transparencia, legalidad y equidad. Advierten que no permitirán que se usen las plazas como moneda de cambio político, ni que se repartan sin cumplir los requisitos que la ley establece.