La Paz, Baja California Sur.- Baja California Sur (BCS) es, hasta hoy, la única entidad del país que no ha iniciado formalmente la transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia, a pesar de que el Congreso local aprobó desde abril de 2020 las reformas constitucionales necesarias para ello.

La razón no es jurídica ni técnica, sino política. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ha sido claro: no le interesa cambiar el modelo actual.

“Ha dado buenos resultados de cómo está estructurada la Procuraduría. Tratar de cambiar algo que está dando buenos resultados, pues no me interesa”, sentenció el mandatario en una reciente declaración.

El Congreso del Estado ya hizo su parte hace cuatro años: reformó la Constitución local y sentó las bases para una Fiscalía autónoma, en armonía con el nuevo modelo nacional de procuración de justicia. A nivel federal y en 31 de las 32 entidades del país, este proceso ha avanzado. Solo Baja California Sur permanece estancada.

Castro Cosío sostiene que la PGJE ha entregado buenos resultados, especialmente en la reducción de homicidios dolosos:

“Desde el 2021 que entramos hasta ahora, bajó —el señor procurador anterior, Daniel de la Rosa, esas fueron las cifras que nos dejó— el 95% menos de homicidios dolosos. Lo pueden ver ustedes”.

El gobernador también se refirió a otros delitos de alto impacto:

“No soslayo el asunto de la violencia contra las mujeres. Tampoco soslayo los desaparecidos. Un desaparecido, un feminicidio que haya, no debe de existir en una sociedad que aparentemente vive en paz. Junto con Yucatán, somos de los estados con menos homicidios”.

Sin embargo, activistas, académicos y colectivos ciudadanos han advertido que los “buenos resultados” no justifican mantener un modelo subordinado al Poder Ejecutivo. La creación de fiscalías autónomas busca justamente garantizar independencia, profesionalización y transparencia en la procuración de justicia, alejándola de intereses políticos.

Mientras otras entidades —incluso las más rezagadas como Tlaxcala e Hidalgo— han comenzado a implementar el cambio, Baja California Sur sigue sin dar el primer paso, por decisión directa del Ejecutivo estatal.

·        Lo que representa mantener el modelo anterior

La decisión del gobierno de Baja California Sur de conservar la Procuraduría General de Justicia, pese a que el Congreso del Estado ya aprobó en 2020 la creación de una Fiscalía General autónoma, tiene consecuencias profundas.

Mantener el modelo anterior significa conservar una estructura subordinada al Poder Ejecutivo, lo que limita la autonomía e independencia necesarias para una procuración de justicia imparcial. También coloca a la entidad en rezago frente a la armonización constitucional que se ha implementado en 31 de las 32 entidades del país.

Además, impide la creación de fiscalías especializadas, necesarias para atender delitos complejos como los de corrupción, violencia de género o desapariciones. Esta falta de especialización puede traducirse en una menor eficacia y en una justicia que no responde de manera adecuada a las demandas ciudadanas.

En términos de percepción, la ausencia de una fiscalía autónoma debilita la confianza pública en las instituciones de justicia, al mantener la sospecha de posibles interferencias políticas en la investigación de delitos.

En resumen, mientras otros estados avanzan en profesionalizar y modernizar su sistema de justicia, Baja California Sur sigue aferrado a un modelo que el país ya decidió superar.