Definitivamente uno de los retos que tienen quienes encabezan las autoridades estatales y municipales es el de lograr que sus equipos no violen la ley de responsabilidades de servidores públicos y no sucumban a la tentación de hacer mal uso de los recursos ciudadanos.

Por supuesto que se espera que las autoridades que ahora tienen la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra entidad y de todos los municipios, tienen claro qué está bien y qué no lo está en materia de administración de recursos públicos.

Cuando las autoridades federales resaltan que la corrupción es un mal que ya fue erradicada mientras que aún se observan casos lamentables que contradicen estos dichos, se espera que en la entidad, los actuales funcionarios actúen de acuerdo a la ley.

Tanto las autoridades estatales como municipales han reiterado en varias ocasiones a sus colaboradores que no violenten la ley y se porten bien, a la altura de las exigencias de la ciudadanía.

Por supuesto que no es ni será tarea fácil.

No todos los políticos o funcionarios estatales asumen con sinceridad y congruencia esta solicitud de sus respectivos jefes políticos.

Hay sometidos a proceso por presuntos malos manejos de recursos públicos exfuncionarios de la pasada administración municipal cabeña y según se informó en ese paquete también están bajo una investigación el actual subsecretario de enlace legislativo del gobierno estatal Ariel Castro y la diputada local Alondra Torres.

A ambos el Congreso del Estado decidió por mayoría de votos en sesión secreta, no retirarles el fuero del que actualmente gozan precisamente para enfrentar esta acusación hecha por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.

Al respect0 el gobernador del estado Víctor Castro reiteró su respeto a las decisiones que se tomen tant0 en el poder legislativo como en el judicial.

La sociedad exige transparencia en todos los niveles de la administración pública, no solo porque así se ofreció durante los procesos de campañas electorales, sino porque así lo establece la ley.

Está claro que este tema tiene que ser bien atendido sobre todo por quienes esperan participar en el proceso electoral del 2027.

Para algunos el futuro puede ser muy amplio a partir de su actual desempeño, pero por desgracia para otros su manera de trabajar justamente es lo que les puede frenar todas sus aspiraciones.

La sociedad ya no soporta funcionarios desleales a los principios de rectitud y buena conducta como funcionarios.

Esperemos que los futuros aspirantes a los puestos de elección popular que estarán en juego en el 2027, sean políticos bien probados, con calidad moral y administrativa incuestionable.

Por supuesto el reto no es menor, pero está claro que sí se puede lograr.

Ya veremos qué pasa.