• El gobernador arremetió contra los críticos de opacidad en su gobierno a quien los llamó miserables con alma podrida.
La Paz, Baja
California Sur.- Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
emitiera observaciones por un monto de más de 3 mil 200 millones de pesos al
Gobierno de Baja California Sur (BCS) por presuntas irregularidades en el
ejercicio del gasto público durante 2023, el gobernador Víctor Castro Cosío
aseguró que su administración ya ha enviado la documentación correspondiente
para justificar los recursos señalados.
“Ya mandamos,
por cierto, para que la Auditoría Superior valore cómo quedamos, para
justificar los 3 mil 200 millones de pesos. Todo para que sea justificado”,
afirmó en entrevista con Diario El Independiente.
El mandatario
estatal reiteró que no permitirá actos de corrupción en su gobierno y pidió no
dejarse engañar por quienes, dijo, buscan dañar su administración.
“Y ya les
dije: si hay algún desvío, que eso lo haga la Función Pública. Yo no estoy a
favor, bajo ninguna circunstancia, de que alguien se lleve un peso de la
administración. Públicamente estamos para no robarle al pueblo, por eso
luchamos toda la vida”, expresó.
Castro Cosío
también lanzó fuertes declaraciones contra sus críticos, a quienes acusó de
tener “el alma podrida” y de no haber contribuido en nada al desarrollo del
estado.
“Que no
quieran engañarlos, hay gente que tiene el alma podrida y que busca de qué
manera nos hace daño. Que se sigan pudriendo su alma. Miserables que se juntan
con miserables no sirven para construir nada, nada han construido, ni una
candidatura han podido construir”, señaló.
Las
observaciones de la ASF abarcan distintos fondos federales, como el de
participaciones, salud y educación, así como proyectos de infraestructura. De
acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, más de 1,400
millones de pesos ya han sido justificados ante el órgano fiscalizador, y se
encuentra en proceso la aclaración del resto.
La
administración estatal insiste en que no existe daño patrimonial y que las
inconsistencias detectadas por la ASF son de índole administrativa.