La Paz, Baja California Sur.- El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jorge Pavel Castro Ríos, reveló que en lo que va del año se han registrado numerosos reportes sobre el cierre ilegal de playas en el municipio. Según un estudio de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), la capital de Baja California Sur todavía registraba entre 15 y 18 accesos a playas con algún tipo de restricción o bloqueo.

Castro Ríos destacó que el acceso libre y seguro a las playas es un derecho de la población mexicana, según la legislación federal; sin embargo, expuso que en La Paz, este derecho se vio truncado por bloqueos ilegales.

A través de la APP La Paz, se recibieron denuncias sobre cinco playas que estaban en proceso de revisión. Aunque esto, indicó, lleva un avance lento, por lo cual, recalcó la importancia de continuar reportando estos incidentes para que se atiendan con puntualidad.

“En toda vía pública tenemos la facultad de poderla supervisar y si estas vías públicas son bloqueadas, y aún así conducen a playas, con mayor razón, estamos realizando acciones de retiros de vallas, plumas y demás que impidan el acceso. Cuando hacemos esa acción, posteriormente, hacen una demanda de amparo contra la autoridad responsable, que en su puesto agravio hemos realizado y se da una suspensión provisional, y esta suspensión provisional ha salido favorable al Ayuntamiento de La Paz, es decir, que mientras quitamos el portón, nadie lo puede volver a poner”.

El secretario subrayó que, aunque las playas son competencia federal bajo la jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el Ayuntamiento de La Paz está limitado en sus facultades para actuar directamente.

A pesar de estas limitaciones, dijo, en abril de 2023 el Ayuntamiento lanzó una política pública para liberar los accesos a las playas.

“Lo que nosotros estamos defendiendo son precisamente los caminos tradicionales; la Ley de Tránsito Terrestre define el concepto de vía pública, es decir, que si alguien ya lleva transitando por un camino de brecha que conduce a varias comunidades por más de 60 ó 70 años, por un proyecto particular no van a clausurar el camino y van a hacer que la gente vaya por un arroyo, porque nosotros podemos decir 'pueden entrar por el arroyo, pero solamente van a tener acceso quienes tengan un 4x4, un jeep o carros de ese tipo’, y llegar allá sería casi imposible”.

Si bien la liberación de Puerto Mejía continúa pendiente posterior al gane de un amparo para quitar un portón que impedía el acceso a los pescadores, los propietarios presentaron un recurso de revisión que podría tardar de cinco a seis meses en resolverse; no obstante, Castro Ríos también mencionó que existen otros pasos que lograron liberarse de forma exitosa, tal como los balnearios El Carrizalito, El Saltito y Las Cruces, aunque reconoció que algunos casos seguían en proceso.