La Paz, Baja California Sur.- El Ayuntamiento de La Paz anunció que iniciará una investigación respecto a la presunta restricción de acceso a una playa en El Centenario, derivada de la compra de un terreno conocido como “Coral Bay Residencial”.

Sobre el tema, Jorge Pavel Castro Ríos, secretario general en la administración municipal, confirmó que la denuncia ciudadana se encuentra en proceso de revisión y análisis para determinar si el propietario cuenta con la autoridad legal para limitar el paso a la zona de playa.

"Sí, ya programamos una primera visita en esta semana. Vamos a estar revisándolo […] lo que vamos a estar viendo es si tienen derecho o no a colocar este tipo de instrumentos".

En cuanto a las fotografías enviadas como parte del reporte inicial, el servidor público indicó que no se observaba una construcción física impidiendo el paso, sino una serie de postes que limitan el acceso de los autos al balneario.

“Lo que se veía gráficamente en las fotos, no había una construcción como tal, impidiendo el paso y que se hubieran adueñado de el paso; más bien son postes, que limitan el paso, entonces, pudiera entrar en el supuesto de que la gente sí puede pasar a pie, pero hasta entonces vamos a ver si entran en este término que comento”.

Este tipo de actos, dijo, no son aislados, ya que durante 2023 y en lo que va de este 2024 se han registrado casos similares, entre ellos, mencionó la liberación de playas como El Saltito y Playa Partida, las cuales habían sido restringidas por particulares y, posteriormente, reabiertas al público por acciones de la administración municipal.

Por lo anterior, Castro Ríos aseguró que investigarán exhaustivamente el caso para garantizar el acceso público a las playas en esa zona, al señalar que, de acuerdo a la ley y los lineamientos de la Zona Marítimo-Terrestre Federal (ZOFEMAT), prohíbe la restricción pública a las playas de nuestro país.

Cabe destacar que la capital del estado, cuenta con un importante numero de playas bloqueadas en sus acceso por particulares, 34 se denunciaron en 2023, informó Castro Ríos, de las cuales 10 fueron liberadas hasta el mes de abril del 2023.