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Hoy es lunes, 11 de noviembre de 2024

En privado

• Fraude anunciado.


 

 

Si los principios de la 4T son los de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, hace bien el gobernador Víctor Castro Cosío en no perdonar a quienes trastoquen estos preceptos.

 

Mas aun cuando existen casos como el que hoy nos ocupa, donde no uno, sino los tres ordenamientos que bien pudieran ser considerados como apostolados, han sido denigrados.

 

Y en todo esto al mandatario estatal se le reconoce el no ser tolerante, y mucho menos indulgente en contra de aquellos que haciendo uso de un cargo que él mismo les ha conferido han caído en la ilegalidad.

 

En efecto, con la entrega de hoy hago referencia a los terribles desaseos que convertidos en excremento emanan fétidos olores desde el Instituto de la Vivienda, cual en primer término debo calificar como lamentables.

 

Lamentables ¿por qué…?

 

Simplemente porque se trata de una institución que fue fundada para prestar ayuda a familias de escasos recursos económicos y que no tienen donde vivir.

 

Sin embargo, es preciso decir que esos obscuros negocios desde el INVI, ya se avizoraban desde hacía tiempo.

 

Digamos, desde que algunos de sus funcionarios enseñaban el cobre adquiriendo bienes y realizando majestuosas construcciones ante la mirada atónica de propios y extraños que sabían que antes del 10 de septiembre de 2021, no poseían nada.

 

Y los datos extramuros sobre malos manejos económicos empezarían a fluir poco a poco desde agosto de 2023.

 

 

Si se quiere, fue la punta del iceberg.

 

O bien la mecha de toneladas de dinamita muy bien escondida bajo la tierra que solamente esperaba una chispa para detonar como justamente sucedió.

 

Luego entonces afloraría lo que pudiera ser toda una Red de corrupción.

 

Así es. Fueron esos tiempos en que se procedió a utilizar las siglas del Instituto de Vivienda para cometer estafas.

 

Fue cuando tipejos y tipejas aprovechándose de la necesidad e ingenuidad de la gente les pidieron dinero por adelantado para la realización de trámites, pero bajo la promesa de que dispondrían de una vivienda.

 

Lo peor fue, según dicen los afectados, que en su momento se comunicaron telefónicamente a las oficinas del INVI desde donde les respondieron que todo estaba correcto.

 

Por esta razón, los defraudados seguían confiando y otorgando otras cantidades de dinero que fluctuaban entre 2 y 5 mil pesos cada vez.

 

En su caso, y en su afán de que confiaran en ellos, los tipejos y tipejas defraudadores firmaban pagarés que eran entregados a las personas.

 

Un mes después, es decir para septiembre de ese mismo año, se corrió la versión de que aproximadamente medio centenar de observaciones administrativas había identificado la Contraloría General de Gobierno.

 

Claro que se trataba de documentos que no han sido solventadas por el Instituto de Vivienda en Baja California Sur.

 

Y tras los hechos descritos lo menos sorprendente fue que estas observaciones eran por mal manejo de recursos.

 

Eso, por consecuencia obligo a la autoridad a realizar una investigación más profunda sobre posibles actos de fraude y corrupción.

 

Entonces, derivado de esto último, trascendió de manera extraoficial la salida de quienes en el INVI ostentan cargos relevantes.

 

Es decir la directora General Fernanda Villarreal González; el director de Administración y Finanzas Juan Manuel Reyes Cervantes; el director Técnico, Pedro Murillo Méndez; el jefe de Departamento de Contabilidad Javier Armando Ramírez Manjarrez; y el jefe de Departamento de Construcción Luis Daniel Gómez Verdugo, entre otros con niveles administrativos y manejo económico.

 

En síntesis, al cierre de esta entrega, todos los presuntos involucrados en esta red de corrupción en lo que se refiere a la construcción de viviendas de interés social, están siendo investigados.

 

Y es que, en todo esto todavía existe sobrado oscurantismo.

 

Como presunto incremento injustificado en los costos de las viviendas, además de falta de documentación que soporte los informes de las obras, entre otros datos legales.

 

Esto, por consecuencia ha obligado a la Contraloría General de Gobierno a realizar una exhaustiva investigación de posibles actos de fraude y corrupción.

 

En fin, ojalá y que aquí no se haga alusión a aquello de que siempre el hilo se rompe por lo más delgado.

 

Es decir que no haya impunidad.

 

Porque lo contrario conmina a la pérdida de confianza.

 

Cuestión de tiempo.