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Hoy es lunes, 22 de abril de 2024

Realidad de BCS

Legalidad y transparencias en el origen y aplicación de recursos para corcholatas en la entidad. Funcionarios públicos tendrán que dejar sus cargos para apoyar e impulsar a aspirantes presidenciales. Se espera que INE aclare la legalidad del adelantado proceso sucesorio interno de Morena.




Con el abierto proceso interno de Morena para decidir quién será su candidato a la presidencia del país, los grupos locales también ya buscan reacomodarse a esta actividad en donde se espera que algunos funcionarios puedan salir de sus posiciones para sumarse al impulso de sus respectivos aspirantes.


Como se sabe el pretenso a la candidatura presidencial Adán Augusto López, aún secretario de Gobernación, cuenta con muchos de sus simpatizantes en la entidad integrados al gobierno estatal y ante las reglas establecidas por Morena, para algunos será prácticamente obligatorio el dejar su actual responsabilidad pública.


Algunos lo tendrán que hacer para buscar su respectiva candidatura como es el caso del secretario general de gobierno Homero Davis, que de todos es conocido pretende la candidatura de su partido al Senado, pero al mismo tiempo coordina los esfuerzos del titular de Gobernación en la media península.


Hasta ahora no se conoce que otros de las llamadas corcholatas presidenciales pertenezcan a la clase política con responsabilidad como servidores públicos, salvo Claudia Sheinbaum que tiene más simpatizantes entre funcionarios del ayuntamiento de La Paz y donde resalta por supuesto la alcaldesa Milena Quiroga que también aspira a ser candidata al Senado e incluso a la reelección.


Por supuesto que para todos los aspirantes el reto es grande, sobre todo en lo que tiene que ver con el financiamiento de estas precampañas adelantadas que aún está por dejar en claro si son o no violatorias de la ley federal electoral ante el adelantamiento de cinco meses antes de las fechas establecidas en el calendario electoral para esta actividad.


Así que la transparencia en el manejo de los recursos para financiar estas actividades adelantadas y la certeza respecto al cumplimiento del marco legal electoral, es justamente lo que primero tendrá que quedar claro para la comunidad en general.


Mientras tanto la alianza opositora parece estar en espera de que Morena defina quién será su candidato o candidata, antes de nombrar a quien abandere justamente las posturas opositoras a la llamada Cuarta Transformación.


Obviamente aún es factible que el choque de trenes entre morenistas genere fracturas o fisuras que difícilmente puedan cicatrizar antes el día de la jornada electoral.


Ya veremos qué sucede al respecto y cómo actuará el Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá que responder lo más pronto que pueda sobre la legalidad de este proceso que ya vislumbra las evidentes e intensas diferencias entre morenistas.


Ya veremos.