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Hoy es jueves, 1 de diciembre de 2022

En privado

Esthela y Rubén tomados de la mano.




Las deudas públicas, son tan institucionales como cuestionables. Tal vez por esa razón Esthela Ponce y Rubén Muñoz se desplazan tranquilamente tomados de la mano por donde quieran.


Y si hago referencia solo a estos dos personajes, es porque son ellos quienes han estado en la picota pública en los más recientes tiempos derivado precisamente del presunto manejo indebido de los recursos públicos en el Ayuntamiento de La Paz.


Y bueno, también por esa razón, en el caso concreto de BCS, solamente un par de personajes, ha sido llamado a cuentas por la justicia: uno, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, que fue detenido derivado de una denuncia por presunta malversación de recursos públicos, que hoy se clasifica como Peculado, y que tal vez por eso, tras pagar una ridícula fianza de 31 mil 700 pesos, poco más de seis meses después obtuvo su libertad.


El otro, Francisco Monroy, quien como suplente de Esthela Ponce sirvió de alcalde de marzo a septiembre del 2015, que fue acusado penalmente por presunto desvío de 8 millones 862 mil pesos para compra de llantas y refacciones en su negocio, y que fue detenido en marzo de 2018, acusado de ejercicio abusivo de funciones, obteniendo su libertad tras pagar una fianza millonaria.

Sin embargo, por ser deudas más institucionales que cuestionables, todos los gobernadores y alcaldes en activo han caído en la tentación de las corruptelas vía el hurto, el desfalco, y la desviación. Y en otros casos el mal manejo o malversación de recursos públicos, vulgo: Peculado.


Pero voy concretamente al caso que hoy me ocupa, el de Esthela y Rubén y para ello recordemos: a fines de mayo de 2018, después de dejar el cargo de presidenta municipal, Esthela asumió la delegación del IMSS en BCS, y la querían crucificar, degollarla, y enviarla al patíbulo, por lo cual finalmente se vio obligada a dejar el cargo 13 días después.


Y voy al grano para dejar en claro que los suelos no están muy parejos, más bien muy desnivelados: Esthela Ponce, --se ha dicho--, dejó una deuda de 380 millones 786 mil 223 pesos.


Sin embargo, se debe aclarar que en ese entonces, los 5 presidentes municipales de Baja California Sur, Iniciaron su mandato en septiembre de 2011 y lo concluyeron en septiembre de 2015, manteniéndose Cuatro Años y 6 meses en el cargo.


Es decir, no fueron solo 3 años como el caso de Muñoz que en ese periodo, (según explica nota del 20 de agosto de 2021, de Diario El Independiente) dejó una deuda (superior a la de Esthela) de 422 millones 122 mil 290 pesos. Y aclara: “Los conceptos de deuda son créditos a corto y mediano plazo y un rubro etiquetado simplemente como “Otros Pasivos”. Este concepto incluye deudas a proveedores, prestaciones y conceptos que no son identificados porque la Ley de Contabilidad Gubernamental no lo indica”. Lo que para todos nosotros son recovecos extraños que dan pie a beneficios de duda.


Por su parte, Diario Humano La Paz, en su edición de 2021/11/10, dice: “El presidente municipal Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, endeudó a La Paz con cerca de 465 millones de pesos; principalmente a instituciones oficiales y proveedores”. Y aclara: “Esto informó en una conferencia de prensa Milena Quiroga Romero, actual alcaldesa que, sin mencionarlo directamente, hizo una comparativa a su entrada y salida del poder”.


Más aún: MetrópoliMx, de fecha 10 nov 2021 dice que: en un análisis elaborado por contadores consultados por MetrópoliMx, y con base en las gráficas presentadas por la alcaldesa de La Paz, “durante los tres años de gobierno de Rubén Muñoz Álvarez, el endeudamiento creció terriblemente. A tal grado de llegar a mil 394.4 millones de pesos actualmente. Lo anterior representa casi el 70% del presupuesto anual del Ayuntamiento de La Paz”.


Bueno, pues en base a lo anterior y tras de que la alcaldesa Milena Quiroga, hizo alusión a la existencia de una red de corrupción en la administración de Rubén Muñoz es enterarnos que allí hubo quienes tejieron finito para hurtar desde el sigilo de los oscuros rincones de la perversidad.


Pero vallamos más a fondo para preguntar: ¿Qué están haciendo al respecto las y los diputados cuando sabemos que para su revisión y fiscalización de conformidad con las leyes de fiscalización y de contabilidad, ya fueron turnadas las cuentas del Ayuntamiento de La Paz?


Así es, solo falta que las y los diputados de la XVI Legislatura hagan la parte que les corresponde en base a 51 cuentas públicas del ejercicio 2021 y del 2020 que ya fueron enviadas al Congreso, de conformidad a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde los entes gubernamentales deben presentar las cuentas públicas anuales a más tardar el 30 de abril de cada año.


Sin embargo debo aclarar que el diputado Christian Agúndez Gómez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado especifica que conforme al marco normativo, la comisión remite las cuentas a la Auditoria Superior del Estado para revisar y fiscalizar tanto la aplicación del presupuesto como de las obras públicas.


Y dice que en el proceso, la ASE deberá rendir informes en los meses de junio, julio, un segundo informe en noviembre y un tercer informe en febrero para que la comisión rinda un informe final al Pleno en octubre de 2023, lapso en el que la ASE BCS habrá remitido observaciones a los entes y estos habrán contado con un periodo para subsanarlas.


Lugo entonces, estaremos a la espera.


Pero qué pasará con otras tantas corruptelas de Rubén Muñoz, como esa de más de 100 aviadores en su administración, o cuando durante la última sesión de cabildo de su administración el regidor Pavel Castro Ríos lo cuestionó severamente sobre el desvió de más de 38 millones de pesos?


¿O cuando deja entrever malos manejos que no se solventaron observaciones cuantificadas en 110.2 millones de pesos, cuyos recursos no se son respaldados con la documentación original que justifique y compruebe el destino de los mismos?


Más lo dicho por la alcaldesa respecto a que la deuda con “terceros institucionales” creció de 502 millones 904 mil pesos a 883 millones 978 mil 541 pesos; es decir, más de 381 millones de pesos?

Lo cierto es que las contralorías tienen mucho qué hacer al respecto, como también tienen mucho que hacer las comisiones unidas de transparencia y anticorrupción del Congreso del Estado.


Cuestión de tiempo.