• La defensa de Emilio Lozoya aseguró que los inmuebles propuestos para reparar el daño causado a Pemex superan el monto señalado.
El exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, propuso dos casas como reparación del daño por
el caso Odebrecht, en aras de poder acogerse a un criterio de oportunidad con
la Fiscalía General de la República (FGR) que extinguiría la acción penal en su
contra por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Durante la audiencia de este
miércoles, en la que el juez José Artemio Zúñiga decretó la prisión preventiva
contra el exfuncionario, la defensa encabezada por el abogado Miguel Ontiveros
entregó dos copias de las escrituras de las casas a los representantes de la
parte acusadora, conformada por la Fiscalía, Pemex y la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF).
El representante del Ministerio
Público Federal aseguró que el daño producido por la conducta de Lozoya es de 7
millones de dólares, a lo que la defensa argumentó que los inmuebles
propuestos, sujetos a la realización de los avalúos correspondientes, son de
alto valor e incluso superan este monto.
Además, señaló que se ha buscado
contactar al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para poder avanzar en
la reparación. Incluso mostró correos electrónicos para avalar su dicho.
Sin embargo, el representante de la
petrolera mexicana aseguró que el daño causado por el exdirectivo es
“irreparable” y argumentó que desde que fue extraditado desde España, a finales
de junio de 2020, no ha demostrado su intención de reparar el el daño causado
al Estado. Acusó que, por el contrario, las prórrogas solicitadas por la
defensa para la presentación de pruebas solo buscan retrasar el procedimiento.
Tanto la FGR como la UIF respaldaron
el razonamiento de Pemex, en la audiencia que duró más de cinco horas.
Más tarde, la defensa de Lozoya
informó en un comunicado que propuso un acuerdo de reparación del daño a Pemex
para poder continuar con el criterio de oportunidad solicitado, y que contempla
una colaboración “sólida y permanente con las instituciones vinculadas al
sistema de justicia penal y a la Presidencia de la República”.
Al finalizar la audiencia del
miércoles, en la que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva al
exfuncionario federal, su abogado, Miguel Ontiveros, declaró que la propuesta
ya fue realizada en presencia de los representantes de la Fiscalía General de
la República (FGR).
A su salida del Reclusorio Norte,
Ontiveros expresó que todos los involucrados se reunirían en los próximos días
“si así lo consideran pertinente, para que se proceda el criterio de
oportunidad en sus términos”.
“Esta defensa manifiesta que el señor
Emilio Ricardo Lozoya Austin mantiene firme su colaboración con la Fiscalía
General de la República”, dice un comunicado publicado por sus abogados al
finalizar la audiencia.
El juez de control del Reclusorio
Norte, José Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada al exdirector de
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, al determinar que cuenta con recursos
suficientes para darse a la fuga.
Una vez terminada la audiencia, el
exfuncionario federal fue detenido por agentes de la Guardia Nacional, para ser
internado inmediatamente en el centro penitenciario.
Lozoya fue vinculado a proceso a
finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro
Nitrogenados. La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber
recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía
brasileña Odebrecht.
También se le acusa de recibir 3.5
millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, propietario de
Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la
planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
El caso de Odebrecht tiene que ver con
la relación entre Lozoya y Luis Alberto de Menesses, director superintendente
de la constructora. Esto llevó al pago de varios millones de dólares a empresas
vinculadas con el ex funcionario, supuestamente para apoyar la campaña del PRI
en las elecciones de 2012, en las que fue electo presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, parte de este dinero fue
destinado en agosto de 2013, a la compra de un inmueble en el estado de
Guerrero, por un valor de 1 millón 900 mil dólares. En esta operación está
involucrada la esposa de Lozoya, Marielle Helen Eckers, según señala la
documentación de la solicitud de extradición a España.