El índice de trabajo agrícola infantil en BCS es de 8.1%. La explotación en el campo sudcaliforniano es considerada por Estados Unidos violatoria de los derechos humanos y de los acuerdos T-MEC.
Por
Rodrigo Rebolledo Ramirez
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jueves, 7 de octubre de 2021.
La Paz, Baja California Sur. El Gobierno de los Estados Unidos anunció la asignación de fondos federales para combatir el trabajo infantil y forzoso en las cadenas de suministro de tomate y chile producidos en Baja California Sur, así como otros dos estados del norte de México.
La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del vecino país del norte informó que, debido a la explotación infantil, las cadenas productivas, tanto de Baja California Sur como de Baja California y Chihuahua, violan los derechos humanos y los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
México, el mayor exportador mundial de tomates y chiles, envía el 85 por ciento de los tomates y 72 por ciento de los chiles de exportación a los Estados Unidos.
El Departamento del Trabajo de ese país concluyó estudios que revelaron que en ese sector se incumplen leyes laborales internas y normas internacionales que favorecen la explotación de indígenas, de migrantes, la trata de personas, el abuso sexual de mujeres y la presencia del crimen organizado.
De acuerdo con la información generada por la dependencia extranjera, en Baja California y Baja California Sur, donde se produce el 12 por ciento del tomate a escala nacional, ambos estados presentan altos índices de trabajo infantil, en particular Baja California Sur, con un índice de trabajo infantil agrícola de 8.1%
El apoyo ofrecido por Estado Unidos, con un techo financiero de 5 millones de dólares (102.8 millones de pesos), incluye a asociaciones empresariales, pequeños y medianos productores formales e informales, empresas empacadoras y de logística, exportadores y otros actores involucrados en las cadenas productivas de tomate y chile.
Las solicitudes vencen el 6 de diciembre y el proyecto durará máximo 54 meses. Se deben proponer estrategias para enfrentar el trabajo infantil y forzoso y otras formas de explotación laboral.
Las asociaciones participantes pueden ser organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro; inclusive asociaciones religiosas o comunitarias; Instituciones gubernamentales; o de educación superior, públicas y privadas.
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