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Hoy es sábado, 4 de diciembre de 2021

Realidad de BCS

• Alonso Gutiérrez, exlíder de Canaco y nuevo simpatizante de Víctor Castro, estaría contratado por 325 mil pesos para de operar el PREP del Instituto Estatal Electoral. • El IEE aún no dice nada al respecto. Se esperan reacciones de partidos políticos y candidatos. • Los sudcalifornianos merecen evitar todo tipo de dudas sobre la información electoral.


El conocimiento de la existencia de contratos para proporcionar servicios electrónicos al Instituto Estatal Electoral para la instalación del Sistema de Cómputos Distritales y Municipales y el Programa de Resultados Electorales Preliminares del proceso electoral 2020-2021 en Baja California Sur, por parte de la empresa Baja Interactiva Digital S.A. De C.V. cuyo representante legal Alonso Gutiérrez Martínez, expresidente de Canaco, tendrá que ser cancelado luego de establecerse que el contratante es ahora un destacado impulsor de proyecto político de Morena que encabeza su candidato a gobernador, Víctor Castro Cosío.

Aunque Los contratos IEEBCS-CONT-30-2020, IEEBCS-CONT-31-2020 se firmaron con fecha del pasado 28 de diciembre del 2020, su efectividad perdieron credibilidad luego de que el pasado 15 de abril, Alonso Gutiérrez ahora ex dirigente de la Canaco local, se sumó abiertamente al proyecto político del morenista Castro Cosío, el anuncio lo hizo con bombo y platillo en conferencia de prensa donde también estuvo presente con la misma intención el ahora expanista Dr. José Luis Urías Corrales.

Con ello, Alonso Gutiérrez se colocó en la posición de presunto conflicto de intereses para cumplir con los acuerdos signados con el Instituto Estatal Electoral.

Obviamente estos contratos tendrán que cancelarse para ser repuestos por otra empresa que no corra el riesgo de tener conflictos de interés en este tema tan complejo y sensible como es el programa de resultados preliminares de la jornada electoral del próximo 06 de junio.

Hasta ahora la presidenta del Instituto Estatal Electoral Rebeca Barrera Amador, aún no comenta nada sobre este tema, pero es obvio que se tendrán que tomar medidas al respecto.

Según el contrato la prestación de este servicio tuvo un costo de 325 mil 460 pesos con 75 centavos, y fue signado por el representante legal de la empresa Alonso Gutiérrez, así como por el Lic. Héctor Gómez González, secretario ejecutivo del instituto electoral, y como testigos el L.C.P Joel Valencia Núñez, director ejecutivo de la comisión de finanzas y el jefe del departamento jurídico del instituto electoral, Lic. Cuauhtémoc Gómez González.

Entre los problemas que se pueden generar, es que este servicio para la red segura para la operación del PREP, no pueda quedar a tiempo para la jornada electoral del 06 de junio lo que por supuesto tendrán que aclarar las autoridades electorales.

Desde luego que será necesario saber qué dice al respecto el candidato morenista la gubernatura Castro Cosío quien ha señalado en reiteradas ocasiones que las acciones de poca transparencia o de duda sobre la moralidad de sus seguidores tiene que estar sujetos a toda prueba.

Por supuesto como ya lo sabemos, en política hay sumas que restan y este puede ser uno de estos casos donde Alonso Gutiérrez ahora puede ser un verdadero lastre para la campaña morenista que ya de por sí trae negativos generados por el cuestionable actuar de algunos de sus integrantes como por ejemplo el de su dirigente estatal partidista Alberto Rentería inhabilitado por el Tribunal Federal Electoral por el delito de violencia política en razón de género.

Claro que aún falta conocer la reacción de las dirigencias de los partidos políticos y de los candidatos a todos los puestos de elección popular.

Las dudas sobre el manejo informativo oficial del proceso electoral y sobre todo del día de la jornada electoral no puede estar en tela de duda, por lo que ya desde ahora, urge que todo quede aclarado antes de que sea demasiado tarde.

Los sudcalifornianos no merecen que una espesa nube de dudas genere sombras que impacten en la credibilidad del actual proceso electoral.

A mitad de la campaña proselitista esperemos que todo quede superado y que no vaya más allá de la reposición de un proveedor de los referidos servicios, por supuesto en el marco de la ley, antes de que otra cosa suceda.

Ya veremos cómo lo resuelve la autoridad electoral.