• El IMSS debe informar si las pensiones para los trabajadores de la generación de transición se seguirán calculando con un tope máximo de 25 salarios mínimos
Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) debe informar si las pensiones para los trabajadores de la
llamada generación de transición se seguirán calculando con un tope
máximo de 25 salarios mínimos, como lo dice la ley vigente o, si promoverá la
reforma legal para adoptar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), cuya jurisprudencia determina el límite de 10 minisalarios,
afirmó Gustavo Leal Fernández, investigador y colaborador de este diario.
El especialista en el tema de la seguridad
social advirtió que la resolución de la SCJN se emite después del anuncio del
presidente Andrés Manuel López Obrador de que este año se diseñará la reforma
al sistema de pensiones.
Eso llama la atención porque la
jurisprudencia de la SCJN podría ser un primer paso hacia ese cambio o una
señal de la preocupación que existe en el gobierno federal por el costo fiscal
que representan las pensiones a que tienen derecho los empleados que empezaron
a cotizar en el IMSS antes del primero de julio de 1997, cuando entró en vigor
el sistema de cuentas individuales para el retiro.
De acuerdo con información oficial, en este
grupo de transición, están entre 8 y 9 millones de personas, de las cuales la
mitad ya tiene su pensión. La otra mitad, unos 4.5 millones de empleados, la
obtendrá en el transcurso de los siguientes 30 años, cuando cumplan los
requisitos (60 a 65 años de edad y un mínimo de 500 semanas de cotización).
Podrán tener una pensión por cesantía en edad
avanzada y vejez, con base en el anterior sistema de reparto solidario (Ley de
1973) y con el límite de 25 salarios mínimos.
El tope también aplica para los individuos
que obtengan pensión por invalidez y vida.
Hasta ahora, alrededor de 200 mil
trabajadores en retiro de la generación de transición entre las leyes de 1973 y
1997, tienen una pensión con el monto máximo, entre ellas las 34 mil personas
que concluyeron su vida laboral activa en 2019. Todos ellos cotizaron al IMSS
con el equivalente a 10 o más minisalarios.
De ser el caso, si el IMSS decidiera cambiar
la ley, los trabajadores activos que cotizan al Seguro Social desde antes del
primero de julio de 1997 y perciben más de 10 salarios mínimos estarían en el
supuesto de una pensión máxima de 10, con base en la jurisprudencia del pasado
24 de enero.
El tema generó ayer, desde temprana hora, un
revuelo en redes sociales, motivado por la información publicada por un diario
capitalino sobre la supuesta afectación que tendrían las pensiones del Seguro
Social, cuando la jurisprudencia tiene efecto directo, únicamente, para la toma
de decisiones en los juzgados en que se ventilen demandas de inconformidad
relacionadas con el cálculo de pensiones.
Leal Fernández, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y colaborador
de La
Jornada, advirtió que el director del IMSS, Zoé Robledo, tendrá que
informar lo que hará ese organismo o, si como ocurrió en 2010 cuando hubo una
primera jurisprudencia en el mismo sentido, el Consejo Técnico, máximo órgano
de decisión del Seguro Social, simplemente no hizo nada y tampoco hubo cambio
alguno.
En esa ocasión, la jurisprudencia 85/2010
generó un intenso debate, por lo que se criticó como un cambio repentino que
afectaría, en ese momento, a un millón 200 mil empleados aproximadamente.
Leal Fernández agregó que el director del
Seguro Social también tendría que informar, de ser el caso, sobre la cantidad
de trabajadores activos que por su nivel de ingreso verían disminuida su
pensión, con base en un cálculo distinto al que está vigente en la actualidad.
Hace unos días, Abraham Vela Dib, presidente
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), comentó
sobre la próxima reforma al sistema pensionario, la cual, dijo, será de gran
calado, pero no tendrá ningún impacto en los trabajadores de la generación de
transición.
Precisó que la preocupación del gobierno
federal está en los empleados que están ahorrando para el momento de su retiro,
pero que se prevé que al final de su vida laboral no tendrán lo suficiente para
obtener una pensión digna.