La Paz, Baja California Sur.- Sólo resta que el gobernador Carlos Mendoza Davis publique el decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para que toda empresa que opere en Baja California Sur (BCS) tenga la obligación de contratar a personas con discapacidad, según dio a conocer la diputada presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad en el Congreso local, Anita Beltrán Peralta, quien confió en que esto ocurra antes de finalizar el año. 

Recientemente el Partido Encuentro Social (PES) propuso obligar a los gobiernos locales a que el 3 por ciento de sus espacios laborales estuviesen ocupados por personas con discapacidad, pero la legisladora Beltrán Peralta, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo una contrapropuesta para que dicha reforma laboral no aplicara sólo a la administración pública sino que la iniciativa privada se una a la medida teniendo como obligación que el 10 por ciento de sus espacios laborales sean ocupados por personas con discapacidad. 

“Esto fundamentado precisamente en cómo se integran las pequeñas, medianas y grandes empresas”, explicó la diputada, al recordar que “las medianas empresas tienen de 10 a 15 empleados”, por lo que debía elevarse el porcentaje obligatorio de inclusión de 3 por ciento en instancias públicas a 10 por ciento en empresas, “ya que si hablábamos de menos porcentaje no nos iba a alcanzar ni medio cuerpo”, señaló. 

Para que esta medida se convierta en una obligación “nomás falta la publicación del diario”, dijo Anita Beltrán, confiando en que Mendoza Davis no decida vetar la reforma, como lo hizo con la ley indígena. “No creo que el señor gobernador vaya a vetarnos algo que es tan noble y tan justo. Yo considero que no hay reversa ante esa decisión tomada por todos los diputados”, anotó.