Uno de los detalles que queda en evidencia del gobierno federal, es que el trato y la respuesta gubernamental no se hace con el mismo criterio, por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no será víctima de chantajes por parte de diversas universidades del país, mientras que por otra parte atiende todas las peticiones de un grupo de estudiantes normalistas del Edomex que para lograr su objetivo secuestraron por una semana a 92 choferes de autobuses.

Los universitarios que amenazaron con realizar paros de actividades molestos por la drástica reducción del presupuesto federal, no han violentado en absoluto la ley, sin embargo López Obrador señaló que no hará caso a esta presión “aunque paralicen el país”.

Mientras tanto el secuestro de 92 autobuses con todo y sus choferees para exigir atención de gobierno federal, fue suficiente para doblar las manos del gobierno federal justamente para obtener sus pretensiones.

Aún con la evidente violación de la ley (con todo y el secuestro de personas), el gobierno de López Obrador respondió positivamente a todas las peticiones de la escuela normal rural de Tenería ubicada en Estado de México.

Lo lamentable es que con esta postura queda claro que mediante la violación de la ley, es decir mediante la impunidad y la presión, otros grupos sociales podrían llegar a este modus operandi. Algo similar ha hecho la CNTE y también mediante violación a la ley, obtuvo resultados a favor de sus pretensiones.

Ese trato preferencial evidenciado con este asunto de los estudiantes normalistas secuestradores apapachados por la Secretaría de Gobernación, se observa también en la propuesta del presupuesto de egresos de la federación para el 2020.

Las entidades del norte del país, están castigadas de manera evidente en la propuesta del presupuesto federal para favorecer al sur mexicano, sobre todo Estados como Tabasco, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Obviamente la mayoría de los diputados federales emanados de Morena y sus aliados, no dicen absolutamente nada en contra de esta arbitraria y desigual medida.

Esta misma actitud preferencial parece observarse en lo que se pretende aplicar en los municipios de Baja California Sur.

Ello queda en evidencia cuando la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro afirma en nota publicada en el diario El Independiente, que “al menos en Los Cabos, el presupuesto federal para el 2020, no ha sido recortado”, al tiempo que el gobierno estatal ha señalado reiteradamente que habrá en la entidad un recorte de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos para el año que entra.

¿Quiere decir que la aplicación del presupuesto federal para el año que entra será diferente el que se aplique al gobierno estatal con relación a los ayuntamientos emanados de Morena?

¿Así de burdo?

¿Tal como el responder positivamente a las peticiones de estudiantes secuestradores por encima de la inconformidad de alrededor de 20 universidades del país?

¿Trato preferencial a los ayuntamientos morenistas por encima de autoridades estatales emanadas de otros partidos como es el caso de la media península?

Obviamente esta lógica política no le abona al desarrollo democrático que se espera supuestamente alcanzar en nuestro país.

Este criterio no se parece en absoluto a la propuesta el electoral planteada en la campaña política del 2018 que culminó con la victoria electoral de Morena.

Por supuesto será muy complicado para los representantes del gobierno federal y de Morena en la entidad justificar estas posturas tan contradictorias por parte del presidente López Obrador que abiertamente definido a cuestionar y rechazar a todo aquello que no apoye su manera de ver las cosas.

¿Acaso esa es en realidad la llamada 4T?

Vaya manera contradictoria de gobernar.