Diario El Independiente
Diario El Independiente

Noticias de BCS, México y el mundo.


Hoy es domingo, 5 de mayo de 2024

Tras aprobación de Ley Olimpia en BCS, surgen las primeras denuncias 

Esta ley castiga a quien difunda imágenes sexuales sin autorización de la otra persona; De acuerdo a la comunidad Defensoras Digitales en La Paz, se cuenta con una cuarta denuncia ante la división cibernética de la PGJE la cual fue interpuesta de forma particular

Tras aprobación de Ley Olimpia en BCS, surgen las primeras denuncias 

La Paz, Baja California Sur.- A pocos meses de que el Congreso de Baja California Sur (BCS) aprobara la Ley Olimpia en la entidad con la que se castiga con diez años la exhibición de imágenes sexuales sin consentimiento además del ciber acoso que resulte del mismo, Christa González Robinson representante de la comunidad Defensoras Digitales, señaló que hasta este momento se tienen oficialmente tres denuncias ante las autoridades judiciales y una más que se encuentra pendiente de interponer.


La propuesta ciudadana presentada por González Robinson con apoyo de la creadora de esta Ley, Olimpia Coral Melo, fue aprobada el 31 de mayo de este 2019, entrando en vigor oficialmente el 21 de junio. Quiere decir que estará sujeto a investigación toda aquella denuncia que señale la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento además del ciber acoso sexual que resulte de esto.


Sobre los casos la representante de Defensoras Digitales señaló que una chica de 26 interpuso una primera denuncia por ciber acoso y ahora quedó por violencia a la intimidad sexual, pues expusieron sus fotos sin consentimiento en un foro donde previamente una persona requirió imágenes privadas de ella, las cuales posteriormente fueron exhibidas, "al parecer tiene que ver con un sujeto que su modo de operar es grabar a sus parejas sexuales sin su consentimiento y luego divulgarlo", dijo a Diario El Independiente. 


El caso pendiente pertenece a una joven de 22 años de Los Cabos, pues al parecer trató de interponer la denuncia pero las autoridades no la recibieron bajo el argumento de que aún no estaba en vigor la Ley Olimpia, siendo un caso de exposición de fotos íntimas sin consentimiento, "La chica nos contactó para una consulta, revisamos algunos foros y las fotos siguen ahí, así que la denuncia es válida, sin embargo no ha podido concretar la denuncia, pero se realizará".


El tercer caso se deriva de una mujer de 45 años de La Paz, misma que es acosada por su expareja a través de mensajes de texto, mismos que son violentos y de los cuales recibe amenazas y acoso constante, además de que esta persona le envía imágenes de su sexo sin consentimiento de ella, motivo por el que puso denuncia. El cuarto caso - comentó González Robinson fue hecho de forma externa y a través de las División Cibernetica, y no fue guiado por el grupo de Defensoras.


"Hace poco recibimos una mensaje de una chica pidiéndonos ayuda, pues en un perfil de facebook están exhibiendo sus fotografías, aún no ha decidido si quiere denunciar, pero hicimos un protocolo para bajar las fotos de internet con apoyo de otras personas, pues eran de contenido íntimo sin consentimiento y estamos haciendo un seguimiento de ese caso en particular", explicó al matutino.


Reiteró que aún falta mucho trabajo para socializar la Ley pues muchos no saben cómo actuar o a dónde ir, por ello se encuentran en pláticas con el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (ISJ) para llevar pláticas a nivel bachillerato y superior, aunado otras estrategias que permitan llegar a escuelas de todos los niveles y de todos los municipios. 


Hasta este momento ninguna institución gubernamental de nivel estatal o municipal ha socializado la Ley, como ha sido el caso de otras leyes y reformas que son prácticamente ignoradas por los niveles de poder, donde incluso autoridades judiciales saben poco sobre qué hacer en este caso de denuncias y el seguimiento que deben de realizar, dejando en indefensión a mujeres que deciden denunciar este tipo de violencia.


Cabe reiterar que Defensoras Cibernéticas no realizan procesos de investigación ni otro tipo de seguimientos judiciales, pues únicamente asisten a la víctima para que sepa qué hacer y a dónde acudir en estos casos, un trabajo que sin duda le corresponde a las autoridades estatales, pero sobre todo judiciales.