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Realidad de BCS - miércoles 10 abril 2019


• El exrector Jorge Vale y el diputado federal Alfredo Porras tras la improcedente iniciativa de modificar le ley de UABCS • Violentar la autonomía universitaria no solo es una alta negligencia política, es una acción retrógrada que pinta muy bien el ínfimo nivel académico y político de quienes grotescamente pretenden hacerse ver como legisladores de avanzada • Flota en el ambiente el posible juicio de procedencia que no es otra cosa que el desafuero para algunos legisladores ante la denuncia penal en la PGJE

 

En política como en la vida, nada es casual por lo que impulsar una iniciativa de decreto para crear una nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur a ocho semanas de que se realice el cambio de rector de esa institución, sólo refleja las intenciones de algunos morenistas que pretenden a toda costa controlar los órganos de gobierno de la máxima casa de estudios.

 

Más llama la atención una acción de esta naturaleza que se realizó a espaldas de los universitarios, misma que de llevarse a cabo, podría echar al suelo el trabajo de ocho años de estabilidad y de avances importantes en esta institución que hoy por hoy está en uno de sus mejores momentos con una marcada credibilidad entre los sudcalifornianos ganada a pulso.

 

Escuchar entre el molesto e innecesario ruido que generó esta iniciativa calificada como “ciudadana”, firmada por un profesor jubilado y un alumno universitario, que están ocultos en la sombra (muy a su viejo estilo) los nombres del exrector Jorge Vale, por cierto de pésimos antecedentes políticos y del diputado federal Alfredo Porras, que entre sus grandes anhelos está el de controlar la rectoría universitaria, es claro que todo obedece a una burda maniobra política que seguramente será frenada por el propio trabajo de los legisladores que de manera también extraña, dieron entrada a esta iniciativa de forma por demás acelerada. Sospechosamente acelerada.

 

Con una velocidad en su trámite de parlamentario, por encima de iniciativas como la ley de movilidad y otros proyectos de ley que aún están en el tintero de los diputados pendientes y que por lo visto no tienen prisa de sacar adelante.

 

Intentar violentar la autonomía universitaria como evidentemente buscaba a referida iniciativa no solo es una alta negligencia política, sino que es definitivamente una acción retrógrada que pinta muy bien el ínfimo nivel académico y político de quienes grotescamente pretenden hacerse ver como legisladores de primera, diputados de avanzada.

 

Intentar “oficializar” una clara violación a la autonomía universitaria es realmente absurdo.

 

Disfrazada de “iniciativa ciudadana” que por supuesto no cumple con los requisitos que exige la ley para catalogar así una iniciativa de esta naturaleza, la pretensión de modificar la ley orgánica de la UABCS sin tomar en cuenta a los universitarios es una clara afrenta, un verdadero exceso que raya en una soberana estupidez.

 

Por supuesto que lo más seguro es que esperemos que prevalezca el sentido común y que esta maniobra no prospere y sólo quede en una evidencia clara de un fallido intento por secuestrar a la institución universitaria desde el poder legislativo que a través de la comisión de educación que encabeza el diputado morenista Esteban Ojeda demuestra lamentables limitantes en lo que debiera ser el verdadero quehacer legislativo.

 

El tema se conjuga con una serie de pendientes legislativos y administrativos que seguramente en los próximos días pueden ser noticias relevantes como es lo referente a la existencia de familiares de legisladores como proveedores y la denuncia penal que existe en la Procuraduría de Justicia del Estado donde podría dársele curso legal a la investigación en torno al destino de 337 mil pesos (que aún no se sabe dónde están) que la dirección de finanzas del congreso estatal erogó para el pago de servicios de un proveedor que aún exige le salden sus servicios.

 

De suceder esta situación podría presentarse la posibilidad de que se solicite el juicio de procedencia que no es otra cosa que el desafuero para algunos legisladores y así de esta manera realizar una investigación a fondo, deslindar responsabilidades y en su momento actuar contra quien resulte responsable sobre la ruta que siguió la referida cantidad que salió de los dineros del poder legislativo sudcaliforniano.

 

Desde luego que así como ha quedado claro que la iniciativa de modificar la ley que regula las actividades de nuestra máxima casa de estudio es literalmente improcedente, es necesario también que la ciudadanía sepa bien a bien qué pasó con los ya famosos 337 mil pesos que parece que se esfumaron sin que hasta ahora se hayan fincado responsabilidades administrativas o penales.

 

Veremos qué sucede en el poder legislativo en los próximos días previos al tradicional descanso de Semana Santa donde hasta ahora lo realmente evidente es la división de lo que fue en su momento la fracción parlamentaria de Morena que está sumida en una confrontación interna que definitivamente le abona bastante a la decepción y a la cada vez más grande desconfianza ciudadana.

 

Veremos qué sucede.